La Sociedad Rural Argentina (SRA) informó este lunes que se presentó ante la Justicia para apoyar la validez de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), el marco normativo recientemente aprobado y que impone una reforma laboral, y pedir que no se suspenda su aplicación, en el marco de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional.

Puntualmente, la entidad solicitó intervenir como tercero en el expediente Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa, adhiriendo a la defensa del Gobierno Nacional respecto de la constitucionalidad y plena vigencia de la norma.

“La participación de la Sociedad Rural se fundamenta en el impacto directo que una eventual suspensión o declaración de inconstitucionalidad podría tener sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas, especialmente en el sector agropecuario”, indicó la entidad que conduce Nicolás Pino.

En ese sentido, la SRA consideró que frenar la ley afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país.

Asimismo, respaldó la postura del Estado Nacional en relación con la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, señalando que este tipo de causas “donde se discute la validez de una ley del Congreso” no corresponde que sean tratadas por la Justicia Nacional del Trabajo.

En tanto, la entidad también cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley, al considerar que implica una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso.