El Gobierno de Esteban Reino enfrenta dos frentes de conflicto que, aunque tienen orígenes diferentes, comparten un escenario común: los reclamos sindicales y la necesidad de respuestas institucionales. Por un lado, el Sindicato de Trabajadores Municipales volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de OSEBAL SAPEM. Por otro, la disputa con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) llegó a la Justicia, que dictó una medida cautelar sobre el tratamiento de una cuota contemplada en el convenio colectivo de trabajo.

OSEBAL, en el centro del reclamo gremial

El Sindicato de Trabajadores Municipales presentó una nota ante el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Cassini, para solicitar un plenario con concejales de la oposición y exponer sus inquietudes sobre el funcionamiento de OSEBAL.

Según sostiene el gremio, durante una reunión con el vicepresidente de la empresa, Gustavo Torres, no se exhibió la documentación que había solicitado y todavía no obtuvo respuestas a distintos informes requeridos.

La organización sindical también señaló que ya realizó presentaciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Además, pidió ser convocada por una comisión del Concejo para plantear su postura sobre la obra del paredón del Estadio.

Los reclamos abren interrogantes sobre el funcionamiento, los gastos, las contrataciones y los mecanismos de control de la empresa que presta el servicio de agua en Balcarce. Sin embargo, los cuestionamientos formulados por el sindicato no implican, por sí mismos, que existan irregularidades comprobadas.

Ahora, la atención está puesta en la respuesta del ámbito legislativo y en la posibilidad de que se convoque al gremio para abordar los planteos.

CICOP y una medida cautelar que mantiene abierto el conflicto

En paralelo, el Gobierno municipal enfrenta otro escenario, esta vez en el ámbito judicial. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia inició una acción de amparo sindical contra la Municipalidad de Balcarce y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

En ese expediente, el Tribunal de Trabajo N.º 5 de Mar del Plata dispuso una medida cautelar vinculada con la cuota prevista en el convenio colectivo.

La resolución establece que, si el Municipio decide retener ese importe a profesionales de la salud afiliados a CICOP, deberá depositar el dinero en una cuenta judicial hasta que se dicte una sentencia definitiva. También deberá informar el resultado de la medida en los términos establecidos por el tribunal.

La decisión no significa que la Justicia haya declarado ilegal el cobro de la cuota ni que haya resuelto a favor de alguna de las partes sobre el fondo de la disputa. Se trata de una medida provisoria que determina cómo debe resguardarse el dinero en caso de que se efectúe la retención mientras continúa el proceso.

El conflicto tiene como trasfondo la aplicación del convenio colectivo firmado por el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales, cuya representación gremial incluye a trabajadores de la salud. CICOP, por su parte, cuestiona aspectos vinculados con esa situación y recurrió a la vía judicial.

Dos conflictos, una misma expectativa de respuestas

Los reclamos por OSEBAL y la controversia judicial con CICOP son asuntos diferentes, pero ambos colocan al Ejecutivo municipal ante situaciones que requieren definiciones y explicaciones.

En el primer caso, el sindicato busca que el Concejo Deliberante intervenga para obtener documentación y abordar sus cuestionamientos sobre la empresa de agua. En el segundo, la Municipalidad deberá actuar conforme a una resolución judicial mientras se tramita el amparo.

Por ahora, los dos frentes siguen abiertos. La evolución de los pedidos ante el Concejo y el avance de la causa judicial serán claves para determinar cómo se encauzan conflictos que ya trascendieron el ámbito gremial y se instalaron en la agenda pública.