El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Carolina Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce, en el marco de un sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023. Se trata de la sanción más grave prevista en el régimen de empleo público nacional, que implica su desvinculación del organismo y del sector público.

La decisión quedó formalizada en la resolución 366, fechada este lunes, sobre la base de lo tratado en la reunión de la Comisión Directiva del 27 de agosto, en la que se dio por concluido el procedimiento administrativo.

El artículo 11 de la resolución establece: "Aplícase a la agente Virginia Carolina APARICIO (Legajo N° 17.205) la sanción de EXONERACIÓN por la violación comprobada de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i)" de la ley marco de empleo público.

Los fundamentos de la medida apuntan a dos aspectos centrales: la participación de José Luis Costa, investigador retirado del INTA y conviviente de Aparicio, en actividades vinculadas con el proyecto SPRINT, y la administración de los fondos europeos que ingresaron a la contabilidad del organismo.

La participación de su conviviente en el proyecto

Según el documento, uno de los fundamentos de la sanción se relaciona con el inciso e) del artículo 24, que prohíbe utilizar las facultades del cargo para fines ajenos a la función.

En ese punto, el Consejo Directivo consideró la relación de Aparicio con José Luis Costa, a quien la resolución identifica como parte de su grupo familiar en calidad de conviviente. El organismo señala que esa relación surge de las declaraciones juradas incorporadas al legajo de la investigadora, en las que consta una unión de hecho desde septiembre de 2005.

La resolución sostiene que la investigadora "empleó sus prerrogativas de coordinación para conferir a su conviviente una posición particular de participación, conducción fáctica e inspección de datos reservados, sin autorización del INTA, sin formalización por el órgano decisor del Consorcio ni exteriorización específica del conflicto que permitiera su evaluación independiente".

El texto también remarca que Costa se encontraba retirado del INTA y no tenía un vínculo institucional vigente. Sin embargo, según el organismo, el documento informativo entregado a los voluntarios del estudio lo incluía, junto con Aparicio y otro integrante del equipo, entre las personas habilitadas para inspeccionar datos, incluso cuando no estuvieran codificados.

Los fondos europeos y los gastos del proyecto

El segundo eje de la sanción está relacionado con el inciso i) del mismo artículo, referido al uso indebido del patrimonio estatal.

En este caso, la resolución analiza el movimiento de los fondos europeos destinados al proyecto, que fueron incorporados a la contabilidad del INTA. De acuerdo con los números consignados en el documento, los ingresos ascendieron a $5.661.483,83, mientras que los egresos totalizaron $5.527.359,58. El saldo informado fue de $134.124,25.

Entre los gastos detallados figura un pago a la empresa World Courier, realizado en julio de 2022, por $1.688.445,82 para el envío de muestras a los Países Bajos. La resolución señala que ese importe equivalía a unos 13.122,95 euros, según la cotización del Banco Central.

No obstante, el propio Consejo Directivo introduce una salvedad respecto del alcance de esos datos contables. En el documento aclara que los importes registrados no pueden identificarse "por sí solos, con un perjuicio fiscal equivalente, cuya existencia y cuantía no han sido objeto en este procedimiento de una determinación fundada".

Una sanción que pone fin al sumario administrativo

La resolución 366 cierra el procedimiento disciplinario iniciado en diciembre de 2023 y dispone la exoneración de Aparicio a partir de las infracciones que el organismo consideró comprobadas.

La medida tiene consecuencias directas sobre la continuidad laboral de la investigadora en el INTA y su permanencia en el ámbito del empleo público nacional.

Aparicio había coordinado en Argentina el proyecto internacional SPRINT, una investigación centrada en la presencia de residuos de productos fitosanitarios en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias. La resolución conocida este lunes no solo pone fin al sumario administrativo, sino que también expone los cuestionamientos del Consejo Directivo sobre la gestión del proyecto y la intervención de personas sin vínculo institucional vigente.

Los fundamentos difundidos corresponden a la evaluación realizada por el organismo en el marco del procedimiento administrativo.