En un nuevo avance de la disputa por el control del complejo balneario, el Municipio de General Pueyrredon presentó una medida cautelar ante la Justicia con el objetivo de paralizar los anuncios de obras y licitaciones realizados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La administración municipal busca evitar que se modifique la situación jurídica del predio, argumentando que las acciones de La Plata buscan “perpetuarse” en la gestión de Punta Mogotes.

El pedido de la cautelar surge como respuesta a los planes del Ministerio de Producción bonaerense de ejecutar una renovación integral y abrir nuevas licitaciones antes de concretar el traspaso del complejo a la ciudad. Desde el Ejecutivo municipal sostienen que avanzar con estos contratos, que en la práctica podrían demandar varios años, generaría un “bucle jurídico” que postergaría indefinidamente la restitución definitiva del predio a los marplatenses.

El escrito judicial presentado por la comuna enfatiza que el propio Gobierno provincial ya reconoció públicamente que la administración corresponde al Municipio. Por ello, consideran contradictorio que se intente “innovar” sobre el estado material y legal del complejo justo cuando se debería estar coordinando su devolución.

Tras la presentación del Municipio, la Justicia ya tomó las primeras determinaciones. Se le ha solicitado tanto al Gobierno de la Provincia como a la Administración de Punta Mogotes que respondan e informen en un plazo de cinco días sobre los puntos planteados en la cautelar.

La urgencia del planteo municipal radica en que los contratos de los actuales concesionarios vencen entre junio y septiembre. El Municipio exige que la Provincia se abstenga de realizar cualquier cambio en las condiciones de estas concesiones hasta que exista una resolución judicial firme sobre la titularidad del complejo.

Mientras el Municipio apuesta a la vía legal para garantizar que “cualquier decisión sobre el complejo tenga como prioridad a los marplatenses”, la Provincia ha calificado esta acción como un recurso de confrontación. Según fuentes bonaerenses, el gobierno de Axel Kicillof buscaba una “transferencia ordenada” mediante una mesa de trabajo a la que las autoridades locales no asistieron.

Para la administración provincial, el plan de obras y el llamado a licitación pública son pasos necesarios para asegurar la transparencia y potenciar el balneario de cara a la próxima temporada. Sin embargo, para la comuna, estas condiciones son simplemente “trabas” impuestas para no devolver el control de un espacio que pertenece a la ciudad.