Hay situaciones que, cuando llegan a determinado límite, pueden tener consecuencias irreversibles. Lo ocurrido esta semana en Las Parejas, provincia de Santa Fe, es una muestra preocupante de hasta dónde puede escalar un conflicto de convivencia: un vecino de 43 años, cansado de los ruidos provocados por las motos, salió a la calle con un revólver y efectuó disparos contra un grupo de jóvenes. Afortunadamente, no hubo personas heridas. El hombre quedó detenido y el arma fue secuestrada.

El episodio podría haber terminado en una tragedia. Y deja una advertencia: cuando los reclamos no encuentran respuestas, el hartazgo puede derivar en situaciones de violencia que nadie debería tener que atravesar.

Un escenario similar, aunque con características diferentes, se viene registrando en Ayacucho. Allí, los reclamos de vecinos por las molestias ocasionadas por motociclistas llegaron a la Justicia. Una vecina expresó públicamente su cansancio frente a los jóvenes que se reúnen en Plaza Colón: "Ya no se puede vivir".

La situación derivó en seis allanamientos, realizados con apoyo del Grupo GAD de Tandil, que terminaron con el secuestro de cuatro motocicletas.

Una problemática que también preocupa en Balcarce

Los hechos registrados en otras localidades no resultan ajenos a nuestra ciudad. En Balcarce, vecinos de avenida Dorrego y de distintos sectores de la zona del cerro El Triunfo vienen manifestando su preocupación por las aceleradas, los ruidos de escapes, las maniobras peligrosas y las picadas que suelen intensificarse con la llegada de las temperaturas más agradables.

Se trata de una problemática que reaparece cada año y que enfrenta dos derechos que deberían poder convivir: el de quienes buscan disfrutar de sus vehículos y reunirse con amigos, y el de los vecinos que tienen derecho a descansar y vivir en tranquilidad.

Pero hay una diferencia fundamental entre utilizar una motocicleta y convertir la vía pública en un circuito de velocidad. Las conductas que ponen en riesgo a terceros no pueden quedar naturalizadas ni encontrar justificación.

El artículo 193 bis y un antecedente en Balcarce

La legislación argentina contempla específicamente estas situaciones. El artículo 193 bis del Código Penal establece penas de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena para quienes participen en pruebas de velocidad o destreza con vehículos a motor sin autorización, cuando generen una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas.

La normativa también alcanza a quienes organicen o promocionen estas competencias y a quienes faciliten vehículos con conocimiento de su utilización para ese fin.

Balcarce, de hecho, cuenta con un antecedente concreto en esta materia.

En noviembre de 2019, una investigación encabezada por el fiscal Rodolfo Moure permitió el secuestro de una docena de automóviles cuyos conductores fueron acusados de participar en picadas ilegales en distintas avenidas del ejido urbano.

Como resultado de las infracciones vinculadas con el artículo 193 bis, se recaudaron 140.000 pesos. Posteriormente, ese dinero tuvo un destino sanitario: la compra de una camilla que fue incorporada al área de quirófanos del Hospital Municipal «Dr. Felipe A. Fossati».

El caso tuvo además una instancia institucional, cuando la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante se reunió para definir las entidades destinatarias de los fondos recaudados.

Prevenir antes de lamentar

Hay vecinos que quieren vivir en paz y otros que parecen dispuestos a ignorar cuanta norma se les cruza en el camino. En medio de esas situaciones están el Municipio y la Justicia, que tienen responsabilidades concretas y deben actuar antes de que los conflictos alcancen un punto de no retorno.

La respuesta no puede limitarse a operativos aislados o controles durante un fin de semana. Se necesita presencia sostenida en los sectores donde se registran los reclamos, controles efectivos, identificación de quienes cometen infracciones y sanciones que realmente se cumplan.

También resulta necesario pensar en alternativas para que los jóvenes puedan reunirse y desarrollar actividades vinculadas con el mundo del motociclismo en espacios adecuados, sin poner en riesgo su integridad ni la de los demás.

Nadie quiere un vecino que salga armado a resolver un conflicto. Nadie quiere un joven accidentado sobre el asfalto. Y nadie debería resignarse a vivir sin poder descansar.

Lo ocurrido en Santa Fe y Ayacucho debe servir como advertencia. Balcarce todavía está a tiempo de evitar que un problema conocido y recurrente termine convirtiéndose en una noticia mucho más grave.