La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos de Balcarce, pero detrás de esa demanda cotidiana existe otra discusión que merece atención: quién financia realmente el funcionamiento del sistema de prevención y seguridad en el distrito.

Los números que maneja el Municipio muestran un desequilibrio importante entre los recursos que llegan desde la Provincia de Buenos Aires y los gastos que debe afrontar la administración local.

Desde mayo de 2025, el aporte mensual provincial destinado a seguridad permanece en $16,8 millones, sin actualización. Mientras tanto, solamente el combustible necesario para el funcionamiento de la Policía y la Patrulla Rural representa un desembolso cercano a los $30 millones mensuales.

Es decir, el gasto en combustible por sí solo prácticamente duplica el aporte que recibe Balcarce desde la Provincia. Y esa cuenta está lejos de ser la única.

El Municipio también se hace cargo de buena parte de la logística que necesitan las dependencias policiales para funcionar: reparación de móviles, provisión de insumos, impresoras, resmas de papel, fotocopiadoras y distintos elementos de soporte. Toda esa asistencia se canaliza a través del área de Protección Ciudadana.

La consecuencia es clara: una porción cada vez mayor del sostenimiento cotidiano de la seguridad termina financiándose con recursos municipales, es decir, con fondos provenientes de las tasas que pagan los vecinos.

La tecnología también se paga con recursos locales

A ese esfuerzo se suma la inversión que viene realizando Balcarce en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), una herramienta que ocupa un lugar cada vez más importante dentro de las políticas de prevención.

La asignación destinada a su funcionamiento y desarrollo ronda los $1.000 millones anuales, financiados íntegramente con recursos propios.

Actualmente, se trabaja en ampliar la cantidad de licencias para incorporar nuevos sectores donde la ciudad viene creciendo y extender la cobertura del sistema de vigilancia.

También está prevista la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas reconocimiento facial, lectura de patentes e identificación de vehículos y personas mediante sistemas de inteligencia artificial.

Se trata de inversiones que apuntan a modernizar la prevención, pero que vuelven a poner sobre la mesa la misma pregunta: ¿cuánto más debe aportar un municipio para cubrir necesidades que requieren un acompañamiento provincial?

Kicillof también reclama fondos a Nación

La discusión tiene otro capítulo en el ámbito provincial. El gobernador Axel Kicillof viene reclamando al Gobierno nacional la transferencia de fondos que considera adeudados a Buenos Aires.

En junio de 2026, el mandatario bonaerense participó de una audiencia ante la Corte Suprema por los fondos previsionales y sostuvo que la deuda nacional con la Provincia superaba los $22 billones, al incluir transferencias no realizadas y pérdidas de recaudación. En septiembre, su administración volvió a actualizar el reclamo y cuantificó en $19,1 billones las deudas directas y los compromisos pendientes, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La Provincia argumenta que la reducción de las transferencias nacionales afecta sus posibilidades financieras y reclama que Nación cumpla con sus obligaciones.

Sin embargo, esa discusión abre un interrogante hacia el interior del territorio bonaerense: mientras Kicillof exige recursos al Gobierno nacional, ¿qué respuesta reciben los municipios cuando reclaman una actualización de los fondos provinciales destinados a seguridad?

La situación de Balcarce expone precisamente ese contraste. El reclamo de la Provincia a Nación puede tener sus fundamentos, pero los municipios también tienen gastos concretos que afrontar y necesitan previsibilidad para sostener servicios esenciales.

Una cuenta que no puede seguir creciendo

La proyección municipal indica que Balcarce terminará destinando más recursos propios al sostenimiento de la seguridad que los que aporta la Provincia.

No se trata solamente de una cuestión contable. Detrás de esos números están el funcionamiento de los móviles policiales, el combustible para los patrullajes, los insumos de las dependencias y las herramientas tecnológicas que permiten mejorar la prevención.

La seguridad necesita coordinación entre los distintos niveles del Estado, pero también una distribución razonable de las responsabilidades y los recursos.

Balcarce no puede quedar condicionado a cubrir con fondos de sus contribuyentes una estructura de gastos que requiere un acompañamiento provincial acorde con las necesidades actuales.