La violencia entre pares, los conflictos familiares y las situaciones que involucran a menores en conflicto con la ley penal forman parte de las problemáticas que requieren intervención en Balcarce. Un informe al que accedió La Vanguardia permite conocer los principales motivos que originan esas actuaciones y aporta cifras sobre las edades de los involucrados, las trayectorias escolares y la presencia de problemas de consumo.

De acuerdo con los datos relevados, la violencia entre pares representa el 9,7% de los motivos de intervención. Dentro de ese grupo, el 32,4% de los niños y adolescentes involucrados tiene 13 años o menos.

La distribución por edades muestra que el 29,7% tiene 16 o 17 años, el 21,6% tiene 14 años y el 16,2% tiene 15 años. En consecuencia, más de la mitad de los involucrados en situaciones de violencia entre pares tiene 14 años o menos.

Los principales motivos de intervención

El relevamiento identifica distintas situaciones que requieren la intervención de los organismos correspondientes. Los conflictos entre adultos aparecen como el principal motivo, con el 22,6% de los casos, seguidos por la violencia familiar, que representa el 19,2%.

En tercer lugar se ubican los conflictos con la ley penal, con el 15,8%, mientras que la violencia entre pares alcanza el 9,7% y las situaciones vinculadas con la salud mental representan el 9,5%.

El listado se completa con negligencia, que concentra el 7% de las intervenciones; ausentismo escolar, con el 4,9%; violencia sexual y violencia física, ambas con el 3,4%; situaciones vinculadas con guarda o abrigo, con el 2,7%; y violencia de género, con el 1,8%.

Las cifras permiten dimensionar la diversidad de situaciones que atraviesan a niños y adolescentes y que demandan respuestas institucionales, tanto en el ámbito familiar como en el educativo, social y judicial.

Conflictos con la ley penal: las edades y las trayectorias escolares

En los casos de menores en conflicto con la ley penal también se observa una distribución por edades. El 36% corresponde a adolescentes de 17 años; el 24%, a chicos de 14 o 15 años; el 22%, a menores de 13 años o menos; y el 18%, a adolescentes de 16 años.

El informe también incorpora información sobre las trayectorias educativas. El 26% de los menores involucrados en conflictos con la ley penal registra repitencia escolar, un indicador que permite sumar una dimensión educativa al análisis de las situaciones relevadas.

En los casos de violencia entre pares, en tanto, la repitencia alcanza al 24,3% de los niños y adolescentes involucrados.

Estos porcentajes no permiten establecer por sí solos una relación directa entre la repitencia y las situaciones de violencia o conflicto con la ley, pero aportan elementos para analizar las dificultades que pueden atravesar las trayectorias escolares de los menores alcanzados por las intervenciones.

Consumo problemático: una presencia relevante en los casos penales

Otro de los aspectos incluidos en el relevamiento es el consumo problemático de sustancias.

Según los datos, el 38% de los menores que entran en conflicto con la ley penal presenta problemas de consumo. En las situaciones de violencia entre pares, en tanto, la proporción registrada es del 5,4%.

La diferencia entre ambos grupos marca una presencia considerablemente mayor de esta problemática entre los menores que tienen conflictos con la ley penal. Sin embargo, los porcentajes no permiten afirmar que el consumo sea la causa de esas conductas, sino que constituyen un indicador que debe ser considerado al momento de diseñar estrategias de prevención, acompañamiento y abordaje.

La información también pone de relieve la importancia de contemplar las distintas dimensiones que atraviesan a niños y adolescentes, sin reducir las situaciones a una única explicación.

328 menores alcanzados por intervenciones del fuero penal juvenil

En el ámbito del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, el informe contabiliza 328 menores alcanzados por intervenciones entre enero y julio de 2026.

El dato permite dimensionar el volumen de situaciones que llegaron al ámbito judicial durante los primeros siete meses del año, aunque no implica necesariamente que se trate de 328 delitos distintos ni permite, por sí solo, establecer una comparación con períodos anteriores.

Violencia de género y otras situaciones registradas

El informe también reúne datos sobre las intervenciones del área de Género entre enero y septiembre. Durante ese período se registraron 494 derivaciones, de las cuales 405 estuvieron vinculadas con situaciones comprendidas en la Ley 12.569 de violencia familiar, lo que representa el 81,9% del total.

Dentro de ese grupo, las situaciones de violencia psicológica encabezaron los registros, con 133 casos. Le siguieron los conflictos vinculados con acuerdos de comunicación, con 97; las situaciones ambientales, con 75; el hostigamiento y ciberhostigamiento, con 37; y las intervenciones relacionadas con salud mental, con 28.

También se registraron 17 situaciones de violencia física, 13 vinculadas con negligencia y cinco con violencia económica.

Entre las demás derivaciones contabilizadas por el área aparecen 23 casos de lesiones leves, 22 por desobediencia de una orden, 15 por amenazas, otros 15 por abuso sexual y 13 actuaciones por averiguación de ilícito.

Un panorama que requiere respuestas integrales

Los datos reunidos muestran que las intervenciones que involucran a niños y adolescentes en Balcarce responden a problemáticas diversas. Los conflictos entre adultos y la violencia familiar concentran los porcentajes más altos entre los motivos relevados, mientras que las situaciones de violencia entre pares y los conflictos con la ley penal aportan información sobre las edades, las trayectorias educativas y la presencia de problemas de consumo.

El relevamiento también permite observar que una parte de los menores involucrados en estas situaciones presenta dificultades escolares y que el consumo problemático aparece con mayor frecuencia en el grupo que entra en conflicto con la ley penal.

El desafío consiste en utilizar esta información para fortalecer las herramientas de prevención, acompañamiento familiar, continuidad educativa y atención de los problemas de consumo, además de mejorar la articulación entre las instituciones que intervienen en cada caso.

Las cifras ofrecen una radiografía de las situaciones registradas durante los períodos analizados, pero no permiten afirmar por sí solas que las problemáticas hayan aumentado o disminuido. Para establecer esa evolución sería necesario compararlas con datos de períodos anteriores y contar con información homogénea sobre los criterios de registro y las intervenciones realizadas.