La eliminación del beneficio de Zona Fría comienza a abrir una nueva discusión en Balcarce, esta vez en el terreno judicial. Con la reforma del régimen convertida en ley por el Senado, el distrito quedó entre los 94 municipios bonaerenses alcanzados por el cambio y ahora el Gobierno municipal analiza qué herramientas existen para intentar defender el beneficio que reciben miles de usuarios.

El dato central es que Balcarce cuenta con alrededor de 11.000 a 12.000 usuarios alcanzados actualmente por el régimen de Zona Fría. De acuerdo con los registros históricos difundidos sobre el programa, la cantidad de beneficiarios en el distrito ronda las 12 mil conexiones.

La modificación aprobada por el Congreso establece cambios en el esquema que había sido ampliado en 2021. Para las zonas incorporadas a partir de aquella reforma, el acceso al descuento deja de ser automático y queda sujeto al cumplimiento de determinados criterios de vulnerabilidad.

El impacto concreto sobre las facturas dependerá de la situación de cada usuario, el nivel de consumo y el esquema tarifario correspondiente. Las estimaciones difundidas luego de la sanción de la ley ubican el posible incremento para quienes pierdan el beneficio en un rango que puede llegar aproximadamente al 30% o más, según cada caso.

La discusión que quedó planteada durante el fin de semana

El tema también estuvo presente durante el fin de semana en una conversación que mantuvieron Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación; el senador nacional Maximiliano Abad; y el intendente Esteban Reino.

Santilli defendió la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, mientras que Abad fue uno de los senadores que votó en contra de la reforma.

Reino participó de la conversación desde una posición particular: es el jefe comunal de uno de los municipios directamente afectados por la modificación del régimen y que ahora deberá analizar las alternativas disponibles frente al cambio.

En ese escenario comenzó a tomar fuerza una posibilidad que podría trasladar parte de la discusión del Congreso a los tribunales.

El Municipio analiza una presentación colectiva

Según pudo conocer La Vanguardia, el Gobierno municipal está evaluando la posibilidad de recurrir a la Justicia si finalmente se articula un reclamo colectivo entre los municipios afectados.

La alternativa que se analiza no necesariamente implicaría una presentación individual de Balcarce. La discusión pasa por determinar si los distritos alcanzados por la reforma pueden coordinar una estrategia común y promover una acción judicial para cuestionar la eliminación del beneficio automático.

Por el momento, se trata de una posibilidad que está siendo analizada y no de una presentación judicial ya concretada.

El escenario abre distintos interrogantes: si los municipios avanzarán conjuntamente, qué argumentos jurídicos utilizarán y si la Justicia será finalmente la instancia en la que se discutirá el alcance de la reforma aprobada por el Congreso.

Petruccelli y la Liga de Amas de Casa preparan otra vía

En paralelo, existe otra alternativa que viene siendo trabajada desde hace meses en Balcarce.

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, junto con la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Mar del Plata, ya había impulsado una campaña de firmas y planteado la posibilidad de recurrir a la Justicia en caso de que se eliminara el beneficio.

Con la reforma convertida en ley, esa posibilidad vuelve a cobrar fuerza.

La eventual presentación tendría características diferentes de la que podría impulsar el Municipio. Por un lado, estaría una acción institucional de los municipios afectados; por otro, una iniciativa promovida desde organizaciones vinculadas a la defensa de los consumidores, con la participación de Petruccelli.

De esta manera, podrían terminar coexistiendo dos estrategias judiciales diferentes frente a un mismo problema.

Pero para Balcarce el debate tiene una consecuencia concreta: miles de usuarios podrían dejar de contar con un descuento que actualmente se aplica sobre sus facturas de gas.

Así, la discusión que comenzó en el Congreso tendrá ahora un nuevo capítulo: qué herramientas tienen los municipios y las organizaciones de consumidores para defender los intereses de los usuarios afectados por la modificación del régimen de Zona Fría.