La Cámpora Balcarce se sumó a los pronunciamientos de respaldo a la investigadora del INTA y del CONICET Virginia Aparicio, y manifestó su rechazo al pedido de exoneración que, según distintas organizaciones y fuentes vinculadas al caso, se tramita en el organismo.

A través de un comunicado titulado “En defensa de la ciencia y la salud pública: repudio absoluto al pedido de exoneración de Virginia Aparicio en el INTA”, la agrupación calificó la medida como un “gravísimo acto de persecución institucional, amedrentamiento y censura contra la ciencia pública”.

Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, trabaja desde hace más de 20 años en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Fue coordinadora de la participación argentina en el proyecto internacional SPRINT, una investigación que analizó la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales.

El proyecto SPRINT y los resultados

En su pronunciamiento, La Cámpora sostiene que Aparicio lideró investigaciones que permitieron detectar la presencia de plaguicidas, entre ellos glifosato y sus metabolitos, en diferentes componentes del ambiente y en muestras de personas.

El proyecto SPRINT incluyó a 73 participantes argentinos de distintas localidades bonaerenses y analizó, entre otros elementos, muestras humanas, agua, suelo, alimentos y otros componentes ambientales. En las muestras del grupo argentino se detectó glifosato en el 86,1% de los participantes, según información difundida sobre los resultados del estudio. Ese porcentaje corresponde al grupo estudiado y no puede extrapolarse directamente al conjunto de la población argentina.

La participación argentina en SPRINT había sido avalada institucionalmente por el INTA. En 2023, el organismo suspendió la presentación pública de resultados y posteriormente se retiró del proyecto. El actual conflicto administrativo con Aparicio se vincula con su participación en aquella investigación, según reconstrucciones periodísticas y pronunciamientos de organizaciones que respaldan a la científica.

“La ciencia que cuida la vida no se censura”

La agrupación sostuvo que sancionar a la investigadora por su participación en el trabajo científico “atenta contra la libertad académica y el derecho a la información”.

En el comunicado, La Cámpora también vinculó los resultados del estudio con los posibles efectos de la exposición a plaguicidas y mencionó investigaciones y organismos internacionales que han estudiado los riesgos asociados a determinadas sustancias.

En particular, recordó que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como “probablemente carcinógeno para los seres humanos” (Grupo 2A) en 2015. Esta clasificación refiere al peligro potencial de la sustancia y no constituye, por sí sola, una estimación del riesgo que enfrenta una persona ante una determinada exposición.

Desde La Cámpora plantearon además que las poblaciones rurales y periurbanas se encuentran particularmente expuestas a los productos utilizados en las actividades agropecuarias y reclamaron que la investigación científica pueda abordar sus posibles impactos.

Críticas al INTA y pedido de continuidad de las investigaciones

El pronunciamiento también contiene fuertes cuestionamientos a la conducción del organismo y sostiene que el INTA debe garantizar la investigación científica y el acceso a la información.

“La ciencia que cuida la vida no se censura, se defiende”, afirmó la agrupación al cerrar su documento.

En ese marco, La Cámpora Balcarce reclamó:

• El cese de cualquier proceso sumarial o pedido de exoneración contra Virginia Aparicio.

• El respaldo institucional y presupuestario para continuar las investigaciones sobre contaminación por plaguicidas.

• El respeto al derecho a un ambiente sano, contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

• La defensa de la salud pública y de la autonomía de la investigación científica.

El proceso administrativo continúa siendo motivo de controversia entre la defensa de la investigadora, organizaciones gremiales y sociales que cuestionan la medida y las autoridades del organismo. La situación vuelve a poner en el centro del debate el alcance de la investigación científica pública, la difusión de resultados y el funcionamiento institucional del INTA.