Una fuerte polémica se instaló en torno al INTA y a la situación de la investigadora Virginia Aparicio, quien desarrolla su actividad en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración del organismo.

Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, cuenta con más de 20 años de trayectoria en el INTA y fue la coordinadora argentina del proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por la Unión Europea que estudió la presencia y distribución de plaguicidas en personas, animales y distintos componentes del ambiente. El propio repositorio del INTA registra la participación de Aparicio en el proyecto desde la Experimental Balcarce.

Los resultados que generaron controversia

El trabajo incluyó durante 2021 a 73 voluntarios de distintas localidades bonaerenses, entre ellas Balcarce, Tres Arroyos, Necochea, Mar del Plata y Tandil.

De acuerdo con los resultados difundidos posteriormente, se detectó glifosato en el 86,1% de las muestras de orina de los participantes argentinos, mientras que el herbicida apareció también en la totalidad de las muestras de materia fecal de los bonaerenses analizados.

El estudio también registró la presencia de distintos plaguicidas en alimentos, agua superficial, polvo domiciliario, suelos, granos y muestras vinculadas con animales.

Entre otros datos, se relevaron entre 10 y 28 plaguicidas en agua superficial, entre 6 y 22 en alimentos y entre 43 y 86 en polvo de hogares, según las muestras analizadas.

La salida del INTA del proyecto

Los resultados argentinos debían ser presentados públicamente en 2023, pero el INTA suspendió aquella presentación y posteriormente formalizó su salida del proyecto SPRINT. La investigación continuó en el ámbito internacional y sus resultados fueron difundidos posteriormente.

En paralelo, se inició un sumario administrativo contra integrantes del equipo. En el caso de Aparicio, el proceso avanzó hasta un pedido de exoneración, según información publicada en los últimos días y declaraciones de la propia investigadora.

Entre los cuestionamientos administrativos mencionados aparecen supuestos incumplimientos de procedimientos internos y el manejo de información vinculada con los voluntarios que participaron del estudio. Aparicio sostuvo que determinados datos personales no fueron entregados porque existían compromisos de confidencialidad con las personas que participaron del muestreo.

También se cuestionó un supuesto perjuicio para la administración. Desde el entorno de la investigadora se sostiene, en cambio, que el proyecto había sido financiado por la Unión Europea y que no existió un perjuicio económico para el Estado. Estas posiciones forman parte del debate alrededor del sumario y deberán ser evaluadas dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

Una sanción que generó cuestionamientos

La eventual exoneración constituye la máxima sanción disciplinaria dentro del régimen del empleo público y generó cuestionamientos de organizaciones gremiales y sectores vinculados con la investigación científica.

Según publicó Código Baires, el Consejo Directivo del INTA trató el expediente y la exoneración habría sido ratificada, aunque la situación continúa generando reclamos y cuestionamientos desde distintos sectores.

El caso vuelve a poner en el centro de la discusión el trabajo realizado desde la Estación Experimental Balcarce, la difusión de resultados científicos y el vínculo entre la investigación sobre plaguicidas y las actividades productivas.

Por su parte, Aparicio defendió públicamente la importancia de los resultados obtenidos y planteó la necesidad de discutir el uso de plaguicidas y la dependencia química del sistema productivo.