El crecimiento del endeudamiento de los hogares se convirtió en una problemática que también alcanza a Balcarce. En distintos sectores de la comunidad, muchas familias deben recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos y, cuando las obligaciones se acumulan, terminan enfrentando una situación difícil de revertir.

En ese contexto, se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca establecer un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, con la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli, contempla que el organismo que conduce Guido Lorenzino no sólo atienda consultas y casos particulares, sino que también pueda intervenir como instancia prejudicial obligatoria para facilitar la reestructuración de las deudas.

El objetivo central es que una persona sobreendeudada no tenga que negociar cada obligación por separado, sino que pueda analizarse su situación económica de manera integral. De esta manera, se busca evitar que el acuerdo alcanzado con un acreedor termine haciendo imposible afrontar las restantes obligaciones.

“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, señaló Lorenzino.

El titular de la Defensoría sostuvo además que la intención es encontrar soluciones equilibradas para ambas partes, mediante mecanismos de negociación sencillos y accesibles, dejando de lado “la hostilidad y el maltrato” que muchas veces padecen las personas que atraviesan este tipo de situaciones.

Por su parte, Tignanelli explicó que la iniciativa busca que el Estado pueda equilibrar la relación entre los consumidores y las empresas. “Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas”, afirmó.

Qué contempla el proyecto

De aprobarse, la iniciativa permitiría que la Defensoría brinde asesoramiento gratuito y coordine negociaciones entre las personas endeudadas y sus acreedores. Además, esta instancia debería cumplirse antes de que el conflicto avance por la vía judicial.

Entre los objetivos establecidos se encuentran facilitar la regularización de las deudas, preservar condiciones razonables de subsistencia para la persona deudora y su grupo familiar y evitar que los intereses, gastos, comisiones y otros cargos crezcan de manera desproporcionada.

También se busca promover acuerdos que sean compatibles con la capacidad económica real de cada persona, reducir la judicialización de los conflictos y prevenir prácticas abusivas tanto en el otorgamiento como en la administración y cobranza de créditos.

La propuesta establece además obligaciones para los acreedores, que deberán participar y colaborar en el proceso. La falta de comparecencia, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o las maniobras destinadas a demorar las negociaciones serían consideradas incumplimientos.

Una problemática que también se observa en Balcarce

Más allá del debate legislativo, el problema tiene una dimensión concreta en las ciudades del interior. En Balcarce, como ocurre en otros distritos bonaerenses, son numerosas las familias que deben afrontar cuotas, préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones que, en algunos casos, terminan comprometiendo una parte importante de sus ingresos.

El sobreendeudamiento no sólo afecta la posibilidad de cancelar una deuda: puede poner en riesgo la capacidad de una familia para afrontar gastos básicos y generar una cadena de nuevas obligaciones para intentar cubrir las anteriores.

En ese escenario, la iniciativa plantea una alternativa para que la persona pueda discutir el conjunto de su situación financiera y no quede atrapada en negociaciones individuales con cada acreedor.

El proyecto deberá ahora avanzar en el ámbito legislativo bonaerense. De convertirse en ley, la Defensoría del Pueblo tendría un nuevo mecanismo de intervención destinado específicamente a acompañar a quienes quedaron atrapados en una situación de sobreendeudamiento y necesitan una salida que contemple su verdadera capacidad de pago.