En un geriátrico en Mar del Plata, imágenes de las cámaras de seguridad expusieron una secuencia de agresiones contra dos adultas mayores y dieron origen a una causa penal. El cuidador, Nicolás Gastón Cichero, fue acusado de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas. En ese marco, el fiscal Carlos Russo solicitó ahora la prisión preventiva del imputado.

El planteo quedó ahora en manos del juez de Garantías, que deberá resolver si el acusado continúa detenido durante el proceso. El expediente se apoya en filmaciones internas del geriátrico ubicado sobre Funes al 1700, informes médicos, fotografías, testimonios, registros de WhatsApp y actas de visualización. Para la fiscalía, ese conjunto probatorio permite sostener, en esta etapa inicial, la responsabilidad del acusado en una secuencia de agresiones que se conoció a fines de julio y que derivó en una fuerte repercusión pública.

El episodio central de la causa ocurrió el 27 de julio, cuando Cichero alimentaba a una mujer de 83 años que se encontraba en silla de ruedas y dependía de terceros para actividades cotidianas. El cuidador le introdujo de manera violenta una cuchara en la boca y luego la golpeó con ese mismo elemento.

El informe médico forense determinó que la víctima sufrió un politraumatismo dentoalveolar, fracturas alveolares y la pérdida de dos piezas dentarias, con un tiempo de curación estimado en más de 30 días. Esa lesión, además, afectó su capacidad para masticar e incrementó el riesgo de broncoaspiración durante la deglución, un dato que elevó la gravedad penal del caso.

La investigación también incluyó una segunda escena registrada pocos minutos después. Según la acusación, durante el mismo día el trabajador trasladó a otra residente y mientras la acostaba, la agredió: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una vez. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”. Mientras tanto, la mujer de 93 años lloraba.

Para la fiscalía, esa conducta encuadra en el delito de coacción. El valor de esa escena no se limita al contenido verbal, sino a la situación de vulnerabilidad de la víctima, alojada en una residencia geriátrica y bajo el cuidado del propio acusado.

El tercer hecho atribuido por el Ministerio Público ocurrió al día siguiente y tuvo como destinataria a una empleada del hogar. De acuerdo con la imputación, el acusado le envió un mensaje y además la llamó por teléfono para advertirle que “le iba a pasar algo” y que la iba a lastimar. La mujer había alertado a la propietaria del establecimiento sobre lo sucedido y luego compartió una fotografía del imputado en redes sociales.

La empleada declaró que denunció las amenazas porque temía por su seguridad y por la de sus hijas, ya que el acusado conocía sus horarios y vivía a unas 20 cuadras de su domicilio. Esa circunstancia forma parte del tramo del expediente referido al riesgo procesal.