A través de un comunicado, el Gobierno Nacional dio a conocer que una docena de empresas está en condiciones de presentarse al proceso de licitación destinado a la modernización y puesta en valor de más de 9.000 km de corredores estratégicos de la red vial nacional.

El anuncio da luego de finalizado el período estipulado para presentación de impugnaciones por lo que, de esta manera, “avanza la etapa II de la red federal de concesiones con criterios de transparencia y rigor técnico”.

Comunicado oficial de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía

“El Gobierno Nacional informa que, tras el cierre del período previsto para la presentación de impugnaciones, continúa avanzando en la Red Federal de Concesiones, el proceso licitatorio destinado a modernizar y poner en valor más de 9.000 km de corredores estratégicos de la red vial nacional mediante inversión 100% privada.

Luego de haber concesionado la Etapa I, se está avanzando en la licitación de la Etapa II A, para concesionar más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales. Esta etapa consta de 2 tramos: el Sur Atlántico – Acceso Sur de 1.325,17 km entre las RN 3, RN 205, RN 226, Autopista Ricchieri, etc.; y el Pampa de 546,65 km (RN 5).

De esta manera, por la Etapa II A se recibieron 19 ofertas; de este total, 12 fueron admitidas tras acreditar sus oferentes capacidad técnica adecuada y solvencia financiera, mientras que 7 fueron desestimadas.

El proceso se desarrolla bajo estrictos criterios de transparencia, seguridad jurídica y evaluación objetiva, en línea con la normativa vigente y los estándares técnicos definidos en los pliegos”.

Para la concesión de los 1.325,17 km del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur (RN 3 desde el GBA hacia el sur provincial, RN 205, RN 226, y accesos críticos como la Autopista Ricchieri, Autopista Ezeiza-Cañuelas y Autopista Newbery), se recibieron 10 ofertas en total, de las cuales 6 fueron aprobadas y 4 rechazadas.

Una de las 4 empresas desestimadas para dicho tramo fue Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación.

En primer lugar, una de las exigencias esenciales de la licitación es acreditar capacidad para la ejecución directa de las obras. Este requisito no es una formalidad, sino una condición central para garantizar que quien asuma la concesión cuente con los recursos, la experiencia y la estructura necesarios para ejecutar las obras, gestionar equipos, asumir responsabilidades constructivas y responder adecuadamente ante eventuales contingencias operativas.

En este sentido, el requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma, y no de contratistas que las tercericen. La documentación presentada por AUBASA da cuenta principalmente de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego.

En segundo lugar, se verificó un incumplimiento de los requisitos económico-financieros establecidos. El pliego fijó indicadores objetivos de endeudamiento y solvencia con el fin de asegurar que las empresas cuenten con respaldo económico suficiente para asumir el riesgo integral de la concesión sin recurrir a asistencia estatal. En este caso, los ratios presentados por AUBASA superan ampliamente los límites definidos, con un endeudamiento de 3,75 que supera el límite establecido de 1,50, evidenciando una situación de fragilidad financiera incompatible con las exigencias del proceso.

Adicionalmente, durante la etapa de evaluación de ofertas, se brindó a la empresa la posibilidad de complementar y aclarar la documentación presentada, en línea con el principio de concurrencia y de igualdad de trato. Sin embargo, las observaciones técnicas y económico-financieras no pudieron ser revertidas, manteniéndose las inconsistencias detectadas inicialmente. Por último, la empresa no presentó el balance contable-financiero como corresponde.

Cabe destacar que los criterios aplicados fueron uniformes para la totalidad de los oferentes, sin distinción alguna en función de su naturaleza jurídica o pertenencia jurisdiccional. En este sentido, otras empresas también fueron excluidas por no cumplir con los parámetros técnicos y financieros exigidos, lo que reafirma el carácter objetivo, transparente y no discrecional del proceso de evaluación.