La exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del INTA Balcarce, abrió un nuevo frente de conflicto dentro del organismo. Mientras se multiplican las expresiones de rechazo a la medida, la científica continúa asistiendo diariamente a su lugar de trabajo y prepara, junto con su abogado, una presentación administrativa para intentar revertir la sanción.

"Sí, yo estoy viniendo todos los días a trabajar por indicación de mi abogado. Nosotros, dentro del plazo administrativo contemplado por la Ley de Procedimientos Administrativos, vamos a interponer un recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio. Así que, por esa razón, yo sigo viniendo a trabajar normalmente", explicó la propia Aparicio al portal Bichos de Campo.

La investigadora, que desarrolló toda su carrera profesional en el INTA Balcarce y se especializó en la medición de residuos de agroquímicos, fue sancionada por supuestas irregularidades vinculadas con el denominado Proyecto Sprint, una iniciativa internacional lanzada en 2020 por universidades europeas y financiada por la Unión Europea, de la que el INTA participó como socio extracomunitario.

El organismo dejó de formar parte del proyecto en diciembre de 2023, aunque el conflicto con Aparicio se había iniciado algunos meses antes, cuando comenzaron a difundirse los primeros resultados de las mediciones de agroquímicos realizadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en más de 70 personas voluntarias.

El origen del conflicto

Aparicio se desempeñó como coordinadora nacional del Proyecto Sprint. En septiembre de 2023, el INTA le habría indicado que no presentara los resultados de sus investigaciones, en medio de cuestionamientos sobre la metodología utilizada y, particularmente, sobre la medición de residuos de fitosanitarios en muestras de orina y sangre de personas sin intervención de profesionales especializados del área de Salud.

La investigadora denunció entonces una situación de "censura" e intentó continuar con su trabajo en el marco de la iniciativa.

El procedimiento sumarial, identificado con el expediente 2023-147844190-APN-USA#INTA, se inició el 7 de diciembre de 2023. El lunes pasado, el Consejo Directivo comunicó su resolución y dispuso la exoneración de Aparicio.

De acuerdo con la información difundida, se trata de la primera expulsión de estas características que se registra en los 70 años de historia del organismo tecnológico.

Una sanción en medio de la tensión institucional

La decisión se conoce en un contexto de fuertes cuestionamientos a la conducción del INTA, encabezada por Nicolás Bronzovich, y a las medidas impulsadas durante la actual gestión.

Entre los puntos de conflicto aparecen la reducción de la planta de personal, que habría alcanzado a casi 1.800 trabajadores, la venta del histórico edificio de la calle Cerviño y los planes para avanzar sobre campos experimentales. También se mencionan cuestionamientos por designaciones de funcionarios sin concurso público.

A ese escenario se suma la preocupación por el presupuesto y las condiciones de funcionamiento del organismo de cara a 2027.

En ese marco, la sanción contra Aparicio generó interrogantes y críticas dentro de distintos sectores vinculados al INTA. Un delegado gremial consultado resumió el malestar con una frase contundente: "Quieren imponernos miedo".

Mientras tanto, la investigadora seguirá concurriendo a su lugar de trabajo mientras avanza la presentación administrativa. La resolución de su caso tendrá ahora una nueva instancia de revisión, en un conflicto que excede su situación personal y vuelve a poner bajo discusión el rumbo institucional del INTA.