Las modificaciones al sistema nacional de discapacidad vuelven a generar atención entre las personas con discapacidad y sus familias en Balcarce. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 21 de octubre un proyecto que propone establecer un régimen permanente para el sector e incorpora cambios vinculados con las pensiones no contributivas, la cobertura de salud, las auditorías y el financiamiento de las prestaciones.

La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y fue girada al Senado para continuar el trámite legislativo. Por lo tanto, todavía no se trata de una ley definitivamente sancionada y su implementación dependerá de la aprobación de la Cámara alta y de la posterior reglamentación.

En el ámbito local, las novedades son seguidas con atención por quienes reciben una pensión por discapacidad, necesitan prestaciones terapéuticas o dependen de servicios de rehabilitación, transporte y acompañamiento. También por sus familias, que deben organizar la atención cotidiana en un contexto en el que la continuidad de los beneficios y el acceso a los tratamientos resultan fundamentales.

Qué cambia y cuáles son las principales preocupaciones

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de compatibilizar la pensión no contributiva por discapacidad con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La propuesta también contempla la continuidad de las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, la cobertura médica para los titulares alcanzados por el régimen y mecanismos de actualización de los aranceles que reciben los prestadores.

Otro aspecto incluido es la definición de plazos para avanzar con el pago de compensaciones adeudadas a instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad. La regularización de esas deudas es una de las demandas que vienen sosteniendo distintos sectores vinculados con la atención y el acompañamiento.

Sin embargo, la discusión no está cerrada. Entre las cuestiones que generan preocupación se encuentran los requisitos para acceder y conservar las pensiones, los mecanismos de auditoría, la posibilidad de suspender beneficios y los recursos que efectivamente se destinarán al sistema.

La cobertura de salud y la continuidad de las prestaciones también ocupan un lugar central. Para muchas personas, una modificación administrativa no representa solamente un cambio en un trámite: puede tener consecuencias directas sobre la posibilidad de sostener tratamientos, acceder a terapias o contar con apoyos indispensables para la vida cotidiana.

El antecedente local: 871 beneficiarios convocados a un relevamiento

La discusión tiene un antecedente concreto en Balcarce. En julio de 2025, el Municipio informó sobre un operativo de relevamiento de pensiones nacionales no contributivas por invalidez laboral impulsado por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

De acuerdo con la información oficial difundida en ese momento, la convocatoria alcanzaba a 871 personas de la ciudad que percibían esa prestación, que incluye cobertura médica a través del programa Incluir Salud. El procedimiento se desarrolló entre el 14 y el 17 de julio en las instalaciones del Club Racing.

Los beneficiarios debían presentarse con su DNI y documentación médica actualizada para acreditar la continuidad de las condiciones que habían motivado el otorgamiento de la pensión. La comunicación municipal también advertía que la incomparecencia de quienes hubieran sido citados podía derivar en la suspensión del beneficio.

El relevamiento se produjo en medio de una controversia nacional por las auditorías de las pensiones y las denuncias sobre posibles irregularidades en el sistema. En Balcarce, el tema llegó al Concejo Deliberante en julio de 2025, cuando se debatió una iniciativa vinculada con la necesidad de organizar las auditorías y garantizar mecanismos adecuados para los beneficiarios.

Durante aquella discusión también hubo cuestionamientos políticos sobre el otorgamiento y la administración de las prestaciones.

Ese antecedente permite dimensionar por qué las nuevas modificaciones son seguidas con atención en la ciudad: detrás de las disposiciones nacionales hay personas que necesitan saber si deberán cumplir nuevos requisitos, qué documentación tendrán que presentar y cuáles serán las garantías para evitar que una revisión administrativa interrumpa un beneficio necesario.

El financiamiento, otro punto pendiente

La discusión también alcanza al presupuesto destinado a las políticas de discapacidad. Organizaciones del sector y representantes de la Iglesia Católica reclamaron que se aseguren recursos suficientes para sostener las pensiones, las prestaciones y la cobertura médica, además de establecer certezas sobre los pagos a los prestadores.

El planteo cobra relevancia frente al tratamiento del Presupuesto nacional 2027, que contempla modificaciones vinculadas con el área. De acuerdo con la información difundida durante el debate legislativo, el oficialismo se comprometió a revisar los recursos previstos para garantizar el funcionamiento del sistema.

Para las personas con discapacidad de Balcarce y sus familias, el alcance real de la reforma se conocerá a medida que avance el trámite parlamentario y se definan las condiciones de aplicación.

Por ahora, el proyecto aprobado en Diputados abre una nueva etapa de discusión. Las principales expectativas están puestas en que las modificaciones brinden previsibilidad sobre el cobro de las pensiones, la continuidad de los tratamientos y la cobertura de salud, sin generar nuevas barreras para quienes dependen de esos derechos.