La nota enviada a La Vanguardia 

Hay decisiones judiciales que trascienden el caso particular y generan un mensaje preocupante para toda una institución. Desde mi experiencia profesional y mi formación en materia de seguridad, considero que el caso del policía José Antonio Cácere merece una reflexión profunda.

Cácere fue condenado a prisión perpetua por la muerte de un hombre que se encontraba detenido durante un procedimiento policial en Berisso, en 2011. La causa estuvo marcada por controversias en torno a las pericias médicas.

Mientras que la autopsia oficial, realizada con el cuerpo presente, atribuyó el fallecimiento a una cardiopatía agravada por el consumo de drogas y no encontró signos de violencia traumática, una pericia de parte posterior planteó una hipótesis diferente a partir del análisis de fotografías incorporadas al expediente, sin que el perito tuviera acceso al cadáver.

Esa pericia fue impulsada en el marco de la intervención de organismos de derechos humanos que se presentaron como querellantes, sin que ello implique, en este análisis, entrar a valorar sus motivaciones. La condena se dictó en medio de la controversia sobre el alcance y el valor de ambas pruebas, además del voto en disidencia de una de las juezas. Actualmente, el caso espera una revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El punto central no es sostener que un policía deba tener privilegios ni estar exento de responder por sus actos. Por el contrario, es exigir que se lo juzgue con las mismas garantías que a cualquier ciudadano, sobre la base de pruebas sólidas, rigor científico y plena imparcialidad.

Sin embargo, cuando una causa transmite la impresión de que el uniforme se convierte en una presunción de culpabilidad, de que el efectivo debe demostrar su inocencia y de que las controversias periciales no alcanzan para despejar las dudas, se instala una sensación de indefensión difícil de ignorar.

El policía debe intervenir ante el delito, tomar decisiones en cuestión de segundos y asumir riesgos para proteger a la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando comienza a considerar que actuar puede costarle la libertad, el patrimonio y años de su vida, incluso cuando cree haber obrado legítimamente?

La consecuencia puede ser la pérdida de iniciativa, la vacilación y el temor a intervenir. No necesariamente por falta de vocación, sino porque nadie puede desempeñar su tarea con seguridad si siente que, después de cumplir con su deber, quedará solo frente a las consecuencias judiciales.

Una democracia necesita policías responsables, sometidos a la ley y controlados por la Justicia. Pero también necesita garantizarles que serán juzgados sobre la base de pruebas, con criterios objetivos y sin prejuicios derivados de su condición profesional.

La responsabilidad policial y las garantías judiciales no son conceptos incompatibles. Por el contrario, deben complementarse para que tanto la ciudadanía como quienes tienen la responsabilidad de protegerla puedan confiar en las instituciones.

Porque cuando un policía siente que el riesgo de actuar es mayor que el de no hacerlo, el problema deja de ser exclusivamente individual. La sociedad entera puede terminar pagando las consecuencias.