Desde el PRO Balcarce cuestionaron duramente la decisión judicial que suspendió por 60 días la aplicación en territorio bonaerense del nuevo Régimen Penal Juvenil y apuntaron directamente contra el gobernador Axel Kicillof por lo que consideraron un llamativo silencio frente a una medida que impacta sobre una de las principales demandas de la sociedad: la seguridad.

A través de un comunicado, el espacio político local manifestó su “enérgico repudio” a la resolución de la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que dispuso la suspensión preventiva de la aplicación de la Ley Nacional N° 27.801 en la provincia de Buenos Aires.

Desde el PRO sostuvieron que “suspender por vía cautelar una ley del Congreso excede las atribuciones del Poder Judicial” y defendieron la implementación del nuevo régimen, que incorpora al sistema de responsabilidad penal a adolescentes de 14 y 15 años en los supuestos contemplados por la normativa.

Críticas a la situación de la Provincia

El comunicado también reconoce uno de los principales argumentos utilizados por la jueza para disponer la medida: las dificultades que presenta el sistema bonaerense en materia de infraestructura, recursos humanos y capacidad operativa para afrontar la aplicación del nuevo régimen.

“Como PRO no desconocemos la obligación indelegable del Estado de garantizar condiciones dignas de alojamiento y el pleno respeto de los derechos de toda persona sometida a un proceso penal”, señalaron.

Sin embargo, desde el espacio remarcaron que las deficiencias existentes no deberían derivar en la suspensión de la normativa nacional.

“Debemos dejar en evidencia las deficiencias de infraestructura, de recursos humanos y de capacidad operativa del Estado provincial para aplicar la nueva Ley. Las falencias del Estado no pueden resolverse impidiendo que la ley se aplique”, expresaron.

El foco puesto en la inseguridad

El PRO Balcarce vinculó además la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil con la situación de inseguridad que atraviesa la provincia y sostuvo que detrás de cada delito existe una víctima que también debe ser contemplada por las políticas públicas.

“Resulta especialmente preocupante que esta decisión se adopte en una Provincia atravesada desde hace años por una grave problemática de inseguridad. Detrás de cada uno de los delitos hay una víctima y el Estado está obligado a protegerlo”, señalaron.

En ese sentido, el espacio político planteó que la protección de los adolescentes y la exigencia de responsabilidad por los delitos cometidos no son objetivos incompatibles.

“Garantizar la protección integral de los adolescentes y procurar su reinserción social no es incompatible con exigirles responsabilidad por sus actos”, afirmaron.

Finalmente, el PRO Balcarce sostuvo que tanto la obligación de garantizar condiciones dignas para quienes atraviesan un proceso penal como la necesidad de brindar seguridad a los ciudadanos forman parte de las responsabilidades del Estado.

“El deber de garantizar condiciones dignas de detención y el deber de garantizar seguridad para todos los ciudadanos de la provincia no se contraponen: el Estado debe cumplir ambos”, concluyeron.