La concejal de Fuerza Patria, Sol Di Gerónimo, presentó un Proyecto de Comunicación en el Concejo Deliberante para solicitar información al Departamento Ejecutivo Municipal sobre la colocación de un reductor de velocidad en la intersección de calle 22 y avenida Pueyrredón (39).

El pedido apunta a conocer cuáles fueron los fundamentos y criterios técnicos utilizados para disponer la instalación de la lomada en ese punto de la ciudad y, particularmente, si se realizaron evaluaciones vinculadas con la seguridad vial antes de concretar la intervención.

En ese sentido, la edil solicitó que el Ejecutivo informe si previamente se llevó adelante algún estudio técnico, evaluación de impacto, análisis de seguridad vial o relevamiento de las condiciones de circulación en la intersección. En caso afirmativo, pidió que se identifique el área municipal responsable y se remitan las conclusiones obtenidas.

El foco puesto en la ubicación

Uno de los aspectos centrales del proyecto está relacionado con la ubicación del reductor sobre la calzada de calle 22, en la salida de la avenida Pueyrredón.

Di Gerónimo pidió que se informe específicamente si fueron evaluados los posibles riesgos derivados de esa ubicación, teniendo en cuenta la dinámica del tránsito en el sector.

Según se plantea en el proyecto, cuando un vehículo reduce su velocidad antes de atravesar la lomada, parte de la carrocería puede quedar sobre la avenida Pueyrredón (39). La concejal entiende que esta situación debería ser analizada considerando también las características de la arteria, el flujo y tipo de tránsito, la visibilidad y las condiciones generales de circulación en esa intersección.

El planteo busca determinar si la intervención, cuyo objetivo es reducir la velocidad de los vehículos, puede generar eventualmente una situación de riesgo por la forma en que fue ubicada.

Qué planificación dio origen a la obra

Otro de los puntos sobre los que Di Gerónimo pidió precisiones está relacionado con el origen administrativo de la instalación.

El proyecto solicita que se informe si el reductor responde a una planificación, programa o disposición técnica municipal y, en ese caso, que se indique cuál fue la normativa, resolución, expediente o acto administrativo que dio lugar a la intervención.

Asimismo, la concejal solicitó que, de corresponder, el Departamento Ejecutivo remita al Concejo Deliberante copias de los informes técnicos, estudios, planos, expedientes y demás antecedentes relacionados con la colocación del reductor.

Pedido de retiro o reubicación si existe riesgo

Finalmente, el proyecto contempla la posibilidad de que la lomada sea retirada o trasladada.

Di Gerónimo planteó que, si se determina que no existió una evaluación técnica o de seguridad vial previa, o si los análisis concluyen que la actual ubicación puede incrementar los riesgos para los usuarios de la vía pública, el Ejecutivo debería evaluar su retiro y/o reubicación en un sector que resulte técnicamente adecuado y seguro.