Mientras se debate sobre el régimen de Zona Fría, el concejal Enrique Guillén, legislador del bloque La Libertad Avanza, presentó dos proyectos de comunicación destinados a fiscalizar el impacto económico de la facturación de gas en los vecinos y a exigir transparencia en el uso de los recursos que provienen de una alícuota específica prevista por la ley provincial.

La primera iniciativa, firmada por Guillén y promovida por La Libertad Avanza, solicita a la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A. un informe pormenorizado acerca de los recursos percibidos en el partido de Balcarce por efecto de la Ley Provincial Nº 8.474 y sus modificatorias —que crean el denominado “Fondo Especial para Obras de Gas”— y del “Sistema Provincial Compensador de la Tarifa de Gas” (Ley Nº 13.126). El texto subraya que Camuzzi actúa como agente de percepción de la alícuota, reflejada en las boletas locales bajo la leyenda “Manda Judicial – Imp Pv BA” tras una medida cautelar que autorizó su inclusión.

El proyecto demanda, con desglose por año y por categoría de usuario para los últimos cinco años:

- Monto total recaudado y retenido en el Partido de Balcarce en concepto de la alícuota de la Ley Nº 8.474.

- Número de usuarios registrados en el partido beneficiados por las compensaciones del sistema compensador, con discriminación por categorías.

- Registro pormenorizado de obras de infraestructura (ampliación de redes, plantas de regulación, proyectos civiles) ejecutadas con financiamiento del Fondo Especial durante los últimos cinco años.

- Existencia y estado de solicitudes de factibilidad técnica para extensión de redes cuya viabilidad financiera dependa total o parcialmente del Fondo Especial.

Además, la comunicación prevé remitir copia del pedido al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para su conocimiento y registro.

El pedido busca auditar cuánto aportan los vecinos de Balcarce a la recaudación provincial y verificar si esos recursos se traducen en obras concretas y en beneficios locales.

Por otra parte, la segunda iniciativa de Guillén se focaliza en la composición de los conceptos facturados a usuarios residenciales y comerciales del distrito. Invoca la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación —que, según el texto, prohíbe la inclusión de cargos, tasas o conceptos ajenos en facturas de servicios públicos— las normas de ENARGAS sobre control de facturación y la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) para sostener el derecho a una información clara y veraz.

El proyecto exige a Camuzzi:

- La eliminación inmediata de todo concepto, cargo, tasa municipal o impuesto ajeno al servicio de gas natural en las boletas emitidas a los usuarios del Partido de Balcarce.

- La adecuación estricta de la facturación a la normativa citada, excluyendo específicamente tasas como Seguridad e Higiene u otros ítems de índole local.

- El envío de copia de la comunicación al ENARGAS y a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para que fiscalicen y actúen de oficio.

Las dos iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza apuntan al control fiscal y la defensa del consumidor. Desde la perspectiva administrativa, la solicitud de información a Camuzzi habilita mecanismos de transparencia municipal que podrían derivar en auditorías locales o requerimientos suplementarios por parte de organismos nacionales. La solicitud de eliminación de cargos ajenos, por su parte, plantea un cruce entre regulación nacional y prácticas comerciales de la distribuidora que podría obligar a la intervención del ENARGAS o de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.