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Internacionales

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú: en su cuarto intento, la heredera del fujimorismo llega por fin a Palacio de Gobierno

Redacción Vanguardia

Después de 15 años de intentarlo, Keiko Fujimori se convierte en la primera presidenta electa del Perú. Los primeros resultados de la segunda vuelta del 7 de junio la ponen por encima de Roberto Sánchez y cierran el ciclo más largo y accidentado de la política peruana reciente: cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que por fin no alcanzó para detenerla

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

Con el 100% de las 92.766 actas contabilizadas al 29 de junio de 2026, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9′223,396 votos, equivalentes al 50.135% de los sufragios válidos. Roberto Sánchez, su rival, alcanzó 9′173,755 votos, el 49.865% del total. Una diferencia de apenas 49,641 sufragios separó a los dos candidatos al cierre del escrutinio, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana.

El largo camino al poder: cuatro intentos, una sola meta

La historia política de Fujimori comenzó antes de que cumpliera 20 años. En 1994, con 19 años, asumió el rol de primera dama de la Nación tras la separación de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Fue esa exposición temprana al poder la que moldeó su vocación política y la que también le heredó el peso más difícil de cargar: el apellido de un expresidente condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Su primera candidatura presidencial llegó en 2011, con solo 36 años —uno más del mínimo requerido—, bajo la bandera de Fuerza 2011. Pasó a la segunda vuelta con el 23,5% de los votos, pero el escritor Mario Vargas Llosa apoyó en el último tramo a su rival, el nacionalista Ollanta Humala, quien la derrotó con el 51,49% frente al 48,51% de ella. La diferencia fue de poco más de 447.000 votos.

En 2016 llegó como favorita. Obtuvo el 39,9% en la primera vuelta, una ventaja que parecía incontestable. Pero el antifujimorismo se movilizó con una intensidad que nadie había previsto y el banquero conservador Pedro Pablo Kuczynski la derrotó por apenas 41.000 votos. Fue la derrota que más le dolió. La que, según quienes la conocen, nunca terminó de digerir.

En 2021 llegó en el peor momento posible. Las encuestas la situaban en el sexto lugar antes de la primera vuelta. El escándalo del caso Cócteles, los tres períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso habían erosionado su base. Sin embargo, la fragmentación del voto conservador actuó en su favor: obtuvo apenas el 13% en la primera vuelta, pero fue suficiente para pasar al balotaje. Allí perdió ante Pedro Castillo por un margen de décimas, en una de las noches electorales más tensas de la historia peruana.

El antivoto que por fin no alcanzó

Durante años, el concepto de “antivoto” definió la carrera de Fujimori tanto como sus propias propuestas. Era el techo invisible: podía crecer hasta cierto punto, pero el rechazo transversal a su candidatura —alimentado por la memoria de los años noventa, las violaciones a los derechos humanos del gobierno de su padre y los juicios por lavado de activos— siempre terminaba por movilizar a votantes que de otro modo se habrían quedado en casa.

Para 2026, espertos y analistas en temas electorales coincidieron en que Fujimori había logrado reducir ese antivoto a niveles mínimos históricos. La muerte de su padre Alberto Fujimori en 2023 cerró un capítulo que había mantenido abierta la herida del fujimorismo en la memoria colectiva. El archivo del caso Cócteles, ordenado en enero de 2026 por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían ser calificados como lavado de activos, liberó a la candidata de la presión judicial que había marcado sus campañas anteriores.

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