La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes, por mayoría, las condiciones bajo las cuales Cristina Kirchner cumple su condena en prisión domiciliaria. La decisión mantuvo la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El voto que condujo la mayoría correspondió a Hornos y recibió la adhesión, en lo sustancial, de Barroetaveña. Borinsky se pronunció en disidencia y propuso levantar las tres medidas.

La ex presidenta cumple desde el 17 de junio de 2025 una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La condena quedó firme una semana antes, cuando la Corte Suprema desestimó el último recurso de su defensa.

Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado una revisión de las condiciones de detención. Plantearon que durante casi un año no hubo incumplimientos, que el inmueble cuenta con custodia policial permanente y que las restricciones impuestas tienen una aplicación minoritaria entre las personas que cumplen prisión domiciliaria.

El pedido incluía tres puntos: eliminar la autorización judicial previa para las visitas, retirar el dispositivo electrónico y dejar sin efecto los límites horarios para utilizar la terraza.

El voto que formó la mayoría

Hornos reconstruyó las decisiones adoptadas desde el inicio de la ejecución de la pena y examinó cada planteo de la defensa: las visitas, el principio de progresividad, el monitoreo electrónico, el acceso a la terraza y la alegada afectación a la igualdad ante la ley.

Cuando el Tribunal Oral Federal 2 concedió la prisión domiciliaria, impuso a Cristina Kirchner la obligación de permanecer en el departamento, evitar conductas que alteraran la tranquilidad del edificio y pedir autorización para recibir a personas ajenas a su familia, la custodia, el equipo médico y la defensa.

Ese régimen se volvió más estricto en noviembre de 2025. El tribunal tomó conocimiento, por una publicación de la propia ex mandataria en la red social X, de una reunión de nueve personas en su domicilio. Aunque todas figuraban en una nómina presentada por sus abogados, el juez de ejecución interpretó que el permiso no incluía un encuentro colectivo.