Además, Adorni confirmó otro de los puntos que en diciembre había adelantado el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, que había anticipado que, una vez cumplidos los diez años de antigüedad, el trámite deberá hacerse solo cada dos.
“Invitamos a las jurisdicciones que no están adheridas a que se sumen”. La frase de Adorni es clave para entender el paso siguiente a la publicación de los cambios en la ley de Tránsito y tiene que ver con que no necesariamente impactarán de la misma forma en todo el país. Es decir, por ejemplo la Ciudad o la Provincia pueden optar por mantener sus plazos actuales, mientras que otras provincias pueden elegir adoptar la regulación nacional.
El mecanismo es similar la que se empleó con la ley de tolerancia cero de alcohol para manejar. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tiene la suya propia, incluso anterior a la legislación nacional. Mientras que la Ciudad eligió mantener su regulación y sostener el 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre en conductores particulares.
Los argumentos del Gobierno tienen que ver con desregular el sistema costoso para los automovilistas y también apunta a concesiones prolongadas que en algunos casos, como sucedió a fines del año pasado en la Provincia de Buenos Aires, son sospechadas de estar ligadas con las famosas "cajas" de la política.
Con la medida de habilitar a talleres y concesionarias para hacer las revisiones, se le quitaría el monopolio que tienen en la actualidad las plantas habilitadas. Aunque también hace que los nuevos espacios hagan inversiones, que se cuentan por miles de dólares, para instalar líneas de verificación con el equipamiento necesario para toda la operación.
El negocio de la VTV en la Provincia fue renovado a fines de 2023, cuando el ministerio a cargo de Jorge D´Onofrio, que dejó su cargo bajo sospechas de corrupción, según reveló Clarín, convocó a una licitación nacional e internacional para adjudicar por 10 años el sistema.
En la actualidad, siete consorcios, uniones transitorias o empresas vinculadas con la "movilidad" se quedaron con los permisos para operar en las 16 zonas en que fueron divididos los 135 municipios bonaerenses. Cada una de esas concesiones tienen garantizada la entrada de entre 105 mil y 345 mil automotores por año, según los cálculos que hizo el gobierno para confeccionar los pliegos. Muchas de esas firmas también operan en la Ciudad de Buenos Aires.
En Buenos Aires, la exhibición de la VTV al día es un requisito obligatorio que exigen los controles o inspecciones viales en las rutas. La multa por no cumplir es de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas, que son las que se usan como parámetro para establecer la condena por infracciones. Y cada una esta valuada en $ 1.398. O sea, que no llevar la oblea puede costar de $ 419.000 a $ 1.398.000.
El trámite sufrió un aumento a fines de este mes. Fue del 17.9% y elevó el costo para motos a $ 25.383,31, mientras que para autos y vehículos de hasta 2500 kilos sale $ 63.463,30.
El canon que se comprometieron a pagar al Estado por hacerse cargo de la concesión, va del 5% al 16% de la facturación según las condiciones contractuales.
A diferencia de los cinco años de plazo que propone el Gobierno nacional, en la Provincia los vehículos particulares deben hacer la VTV a partir de los dos años desde la fecha de patentamiento o cuando superen los 60 kilómetros recorridos. Desde ese momento, la revisión es anual y obligatoria.
El cronograma estipula hacerlo según el número de la patente, que debe coincidir con el del mes, y hay que sacar turno previamente.
