¿Cuánto vale garantizar que un chico pueda llegar a la escuela? En Balcarce, la pregunta tiene una dimensión concreta: hay 23 alumnos que no cuentan con transporte escolar rural y esperan una solución para poder acceder al servicio.

De acuerdo con la información disponible, actualmente 389 estudiantes tienen cubierto el traslado, mientras que otros 23 permanecen sin esa prestación. La situación afecta principalmente a alumnos de las escuelas N° 25 y N° 30, cuyos recorridos no cuentan con cobertura histórica, además de algunos casos vinculados a la Escuela N° 502.

El servicio depende del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, uno de los principales obstáculos para resolver el problema es la falta de oferentes interesados en cubrir esos trayectos, debido a que las tarifas no resultarían suficientes para afrontar los costos.

Sin embargo, detrás de esa dificultad administrativa y económica hay una cuestión central: el acceso a la educación.

Un derecho que debe garantizarse

La Constitución Nacional reconoce, en su artículo 14, el derecho de enseñar y aprender. A su vez, el artículo 75, inciso 19, establece entre las atribuciones del Congreso la responsabilidad de sancionar leyes de organización y de base de la educación que aseguren la igualdad de oportunidades y posibilidades.

En ese marco, la falta de transporte representa una barrera concreta para los estudiantes que viven en zonas rurales y necesitan recorrer distancias para llegar a sus establecimientos educativos.

¿Puede la Provincia aceptar que haya chicos sin transporte porque no resulta rentable para quienes podrían prestar el servicio? Si las tarifas no alcanzan para despertar el interés de los transportistas, será necesario revisar las condiciones, buscar alternativas o diseñar mecanismos que permitan cubrir los recorridos pendientes.

La dificultad económica puede explicar la falta de oferentes, pero no debería convertirse en una respuesta definitiva para las familias afectadas.

La responsabilidad de la Provincia

El desafío es encontrar una solución que contemple las particularidades de los trayectos rurales y permita garantizar que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades de asistir a clases, independientemente del lugar donde vivan.

Porque el derecho a estudiar no puede depender de que un recorrido sea comercialmente atractivo ni de que los números cierren para una empresa. La educación requiere políticas públicas capaces de responder también allí donde la prestación de un servicio presenta mayores dificultades.

En Balcarce, la diferencia entre los 389 alumnos que tienen transporte y los 23 que todavía no lo tienen expone una situación que necesita una respuesta.

No son solamente 23 lugares pendientes en un servicio. Son estudiantes y familias que esperan una solución para ejercer un derecho fundamental. La Provincia tiene el desafío de encontrarla y evitar que la distancia entre el hogar y la escuela se convierta en un obstáculo para aprender.