La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y ordenó al Gobierno nacional preservar la información vinculada con las tierras rurales bonaerenses que fue recopilada durante los años de vigencia de la denominada Ley de Tierras.

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, que estableció un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia de la Nación informe hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantice la conservación íntegra de los antecedentes registrales reunidos durante los últimos 15 años.

La presentación había sido realizada por el organismo que conduce Guido Lorenzino, a partir de los cambios introducidos luego de la derogación del régimen establecido por la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023.

La normativa nacional había fijado restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y establecido mecanismos de registro y control sobre la titularidad de esos inmuebles.

La preocupación por la pérdida de información

Desde la Defensoría del Pueblo plantearon que la eliminación de esas herramientas también puso en discusión la continuidad de la información construida durante los años en que estuvo vigente la normativa.

En particular, el organismo advirtió sobre la posibilidad de perder información vinculada con el denominado mapa dominial y los registros que permitían conocer la situación de las tierras rurales y la titularidad extranjera.

Para la Defensoría, la preservación de esos datos resulta fundamental para que el Estado pueda continuar contando con herramientas de planificación territorial y ambiental.

La información también permite conocer cómo se distribuye la propiedad rural y contar con antecedentes para el diseño de políticas vinculadas con el territorio y los recursos naturales.

Campana y Zárate, entre los distritos señalados

El planteo adquiere especial relevancia en distintos municipios bonaerenses donde los registros muestran niveles elevados de extranjerización de las tierras rurales.

Entre los casos mencionados aparecen Campana y Zárate, donde los porcentajes de titularidad extranjera superan el límite del 15% que establecía la legislación nacional.

La discusión sobre estos registros cobra importancia a partir de la modificación del régimen nacional, ya que la información acumulada durante los años anteriores constituye un antecedente para conocer la evolución de la propiedad rural en la provincia.

El planteo de la Defensoría

El titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó la posibilidad de que la flexibilización del régimen derive en una pérdida de información pública sobre el territorio.

“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.

La Justicia ordenó conservar los antecedentes

El juzgado consideró que una eventual pérdida o alteración de la información recopilada podría provocar un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.

Por ese motivo, además de requerir al Ministerio de Justicia precisiones sobre la actualización de las bases de datos, ordenó garantizar la conservación de los antecedentes registrales reunidos durante los últimos 15 años.

La decisión judicial pone así el foco en la preservación de la información como una cuestión central dentro de la discusión sobre la propiedad de las tierras rurales.

Un debate que continúa

La cautelar se conoce en medio de una renovada discusión política y judicial sobre el régimen de tierras rurales y el alcance de las restricciones para la adquisición de inmuebles por parte de capitales extranjeros.

En la Legislatura bonaerense también avanzan iniciativas destinadas a establecer mecanismos propios de protección del suelo rural luego de la derogación del régimen nacional.

Mientras continúa el debate sobre las normas que deberán regir la propiedad de las tierras rurales, la Justicia puso el foco en una cuestión previa: que los datos construidos durante los últimos años no se pierdan y permanezcan disponibles para el Estado y la sociedad.

La resolución garantiza, al menos en esta instancia cautelar, la preservación de una base de información considerada relevante para conocer la situación dominial de las tierras rurales bonaerenses y para futuras decisiones vinculadas con la planificación territorial, ambiental y productiva.