La crisis que atraviesa IOMA volvió a quedar en el centro de la escena por los reclamos de afiliados y prestadores y por una denuncia penal que ahora se encuentra bajo investigación judicial. En Balcarce, el impacto de esta situación alcanza a alrededor de 9 mil afiliados, entre trabajadores municipales y provinciales, policías, profesionales y otros beneficiarios de la obra social bonaerense.

Más allá de las discusiones administrativas, políticas y judiciales que rodean al Instituto, para los afiliados el problema tiene una dimensión concreta: las dificultades para acceder a determinadas prestaciones, estudios y tratamientos y, en algunos casos, la necesidad de afrontar gastos de manera particular ante la falta de respuestas o las diferencias entre los valores reconocidos por la obra social y los costos reales.

Una denuncia que llegó a la Justicia

En las últimas semanas, la situación de IOMA sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado Marcelo Mazzeo amplió una denuncia penal contra funcionarios provinciales, entre ellos el presidente del Instituto, Homero Giles, y el gobernador Axel Kicillof, además de integrantes del Directorio y responsables de distintas áreas.

La presentación plantea que se investigue una presunta triangulación de fondos vinculada con los pagos que IOMA realiza a la red de policonsultorios.

La causa, inicialmente rechazada por el Fuero Federal, quedó radicada en el Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata, a cargo del juez Pablo Reale, mientras que la investigación está en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de ACEAPP (Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados), entidad que, según la denuncia, interviene en el circuito de pagos entre IOMA y los policonsultorios.

Entre los aspectos que se pretende determinar se encuentran el origen y la naturaleza jurídica de la asociación, el procedimiento mediante el cual se incorporó al circuito de pagos, qué función cumple y cuáles son los mecanismos de control aplicados sobre su actividad.

El circuito que está bajo investigación

De acuerdo con la denuncia, el esquema que debe ser investigado contempla transferencias de IOMA hacia ACEAPP, que posteriormente redistribuiría los fondos entre los policonsultorios.

La presentación judicial solicita que se realicen pericias contables e informáticas para reconstruir las operaciones y determinar el destino final de los recursos, además de establecer si existieron diferencias en el tratamiento de los distintos prestadores.

También se pide investigar la facturación de las prestaciones y si las consultas registradas se corresponden efectivamente con los servicios brindados.

Estos planteos forman parte de una investigación y no implican que las irregularidades denunciadas hayan sido acreditadas.

Un eventual conflicto de intereses, otro punto bajo análisis

La denuncia también plantea un eventual conflicto de intereses relacionado con Silvina Fontana, a quien identifica como presidenta de ACEAPP y directora de RM Salud S.R.L., empresa que administra policonsultorios.

La Justicia deberá determinar si existió efectivamente una incompatibilidad o conflicto entre ambas funciones y si tuvo alguna incidencia en el circuito de fondos que se encuentra bajo análisis.

La respuesta de IOMA

Frente a estos cuestionamientos, desde el Instituto sostienen que los convenios vigentes son legales, transparentes y trazables y remarcan que la documentación correspondiente es puesta a disposición de la Justicia.

De esta manera, mientras la investigación busca establecer si existieron irregularidades en la administración y distribución de recursos, desde IOMA rechazan esos cuestionamientos y defienden el funcionamiento de los convenios.

El impacto en Balcarce

En medio de esta discusión, hay un dato que permite dimensionar el impacto local: alrededor de 9 mil personas de Balcarce son afiliadas a IOMA.

Para esos vecinos, la discusión sobre el funcionamiento de la obra social se traduce en situaciones concretas: conseguir un turno, realizarse un estudio, acceder a una práctica de mediana complejidad, continuar un tratamiento o conseguir que un prestador acepte atenderlos bajo las condiciones establecidas por el Instituto.

La problemática tampoco se limita a Balcarce. Los reclamos por prestaciones, pagos y funcionamiento de IOMA se han extendido a distintos puntos de la provincia y también alcanzaron a intendentes bonaerenses, que plantearon sus dificultades ante las autoridades provinciales.

Así, mientras la Justicia deberá avanzar sobre las denuncias vinculadas con el circuito de fondos y determinar si existieron responsabilidades, los afiliados continúan esperando que las prestaciones funcionen con normalidad.