La investigación por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo sumó un nuevo capítulo judicial con el procesamiento, sin prisión preventiva, de quienes fueron las máximas autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

La resolución fue dictada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien procesó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME.

Ambas fueron consideradas, prima facie, partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales. La imputación se vincula además con lesiones gravísimas, graves y leves registradas entre los pacientes alcanzados por el fentanilo cuestionado.

La causa tiene actualmente 134 víctimas vinculadas con los hechos investigados, de las cuales 90 murieron, y acumula 47 querellas.

Una muerte que también alcanza a Balcarce

Dentro de ese expediente se encuentra bajo investigación la muerte de un paciente de 65 años que había sido internado en el Hospital Municipal "Dr. Felipe A. Fossati" de Balcarce y que recibió fentanilo de los lotes posteriormente cuestionados.

El caso había tomado estado público en mayo, cuando desde la dirección del Hospital Municipal confirmaron a La Vanguardia que se habían iniciado averiguaciones a partir de la situación.

La investigación coincidió con la detección de que el establecimiento había adquirido en abril determinados lotes de fentanilo, que fueron utilizados hasta el 8 de mayo, cuando la ANMAT dispuso el retiro del producto del mercado.

La muerte del paciente balcarceño quedó así incorporada a una investigación de alcance nacional que busca determinar no sólo las responsabilidades de quienes fabricaron y comercializaron el medicamento, sino también el eventual grado de responsabilidad de los organismos estatales encargados de controlar su producción y distribución.

Embargos millonarios y restricciones

Además del procesamiento, Kreplak dispuso para Bisio y Mantecón Fumadó embargos por $500.000 millones para cada una y la inhibición general de bienes.

Las dos continuarán en libertad, aunque deberán cumplir una serie de medidas restrictivas: tienen prohibido salir del país, deberán presentarse una vez por mes ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y abstenerse de mantener contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

Para el magistrado, la investigación permitió avanzar sobre las actuaciones de las autoridades estatales que tenían a su cargo el control de los laboratorios y de los medicamentos, más allá de las responsabilidades atribuidas a los fabricantes.

La situación del ministro de Salud

En la misma resolución, Kreplak analizó la eventual responsabilidad del ministro de Salud y concluyó que por el momento no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

Según el juez, si bien el funcionario tenía conocimiento de aspectos generales de la situación, las decisiones políticas adoptadas desde la cartera sanitaria estaban orientadas a impedir que las empresas involucradas continuaran operando y no a favorecer su funcionamiento.

El magistrado diferenció esa actuación de las demoras y omisiones que, de acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, se habrían producido dentro de la ANMAT y el INAME.

La resolución también incorporó información surgida de la última declaración de Mantecón Fumadó, realizada el 31 de agosto. En aquella oportunidad, la exfuncionaria había señalado que en reuniones realizadas en el Ministerio de Salud participaban abogados penalistas y había manifestado que aportaría sus identidades.

Sin embargo, cuando Kreplak le solicitó específicamente esos nombres durante su última indagatoria, la exdirectora del INAME no respondió.

La investigación continúa y el caso mantiene en el centro de la escena el funcionamiento de los controles sobre medicamentos, mientras las familias de las víctimas esperan que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes. Entre esas historias se encuentra también la de un paciente que había pasado por el Hospital Municipal de Balcarce y cuya muerte forma parte del expediente.