El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con la implementación del Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público Provincial, una nueva herramienta destinada a identificar, ordenar y proteger los inmuebles que forman parte del patrimonio público bonaerense. 

La medida fue formalizada mediante la Resolución 444-MECONGP-2026, del Ministerio de Economía, que designó a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad como organismo responsable de poner en funcionamiento el registro y establecer las normas técnico-registrales y administrativas necesarias. 

Los tres poderes deberán informar los inmuebles 

Uno de los aspectos centrales de la resolución establece que los tres poderes del Estado provincial deberán informar aquellos inmuebles que se encuentren bajo su administración o custodia y que, por sus características, puedan pertenecer al dominio público provincial. 

La información deberá incluir antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos, además del uso o destino de cada inmueble y la existencia de eventuales concesiones. 

Sin embargo, el hecho de que un inmueble sea informado no significará automáticamente su incorporación al registro. 

La evaluación quedará en manos de la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales, que deberá analizar los antecedentes aportados y determinar jurídicamente cuáles son los bienes que efectivamente corresponden al dominio público provincial. 

Más facultades para proteger el patrimonio 

El nuevo esquema también refuerza las atribuciones de la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales sobre los bienes estatales. 

El organismo podrá ejercer el poder de policía administrativa con fuerza ejecutoria sobre los inmuebles pertenecientes al dominio público provincial. 

En caso de que se produzcan acciones que modifiquen, perturben o afecten esos bienes, podrá disponer medidas destinadas a restituir directamente las condiciones anteriores, con los costos a cargo del infractor. De ser necesario, también podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

Qué cambia con el nuevo registro 

La herramienta surge a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 15.558 al Decreto-Ley 9.533/80, que creó el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público y estableció nuevas facultades para la autoridad de aplicación. 

El objetivo es concentrar en un mismo sistema información sobre qué inmuebles pertenecen al Estado provincial, quién los administra, cuál es su utilización y si existen concesiones u otros derechos vinculados con ellos. 

La medida cobra relevancia en un contexto en el que la Provincia viene avanzando en la revisión de la situación jurídica y registral de sus bienes. 

No implica una venta de inmuebles 

Desde el punto de vista patrimonial, la creación del registro no significa por sí misma la venta, cesión ni desafectación de los inmuebles alcanzados. 

La normativa establece procedimientos específicos para aquellos casos en los que eventualmente se pretenda desafectar un inmueble del dominio público y pasarlo al dominio privado provincial. 

Para ello será necesario un instrumento administrativo específico, por lo que la incorporación de un inmueble al nuevo registro no supone automáticamente un cambio en su condición jurídica. 

El nuevo sistema apunta, en definitiva, a contar con una identificación más precisa del patrimonio inmobiliario público bonaerense, mejorar su control y establecer con mayor claridad las responsabilidades sobre su administración, uso y protección.