La seguridad fue, sin dudas, el tema más urgente de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Balcarce, realizada este jueves. Sin embargo, en medio de una ciudad que acumula tres semanas particularmente complejas por la sucesión de hechos delictivos, hubo un silencio -entre varios concejales que no hablaron del tema- que llamó la atención: el de la concejal de Fuerza Patria Sol Di Gerónimo. 

Mientras el cuerpo deliberativo aprobó una solicitud al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad bonaerense para implementar un operativo extraordinario y continuo de refuerzo de seguridad en Balcarce, además de reclamar a la Legislatura provincial el tratamiento de los proyectos de ley sobre reiterancia, Di Gerónimo no presentó ninguna iniciativa vinculada con la problemática. 

El dato adquiere particular relevancia por su vínculo político con la administración bonaerense. La concejal es referente de Kicillof en Balcarce y fue directora de Seguimiento Económico, función que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Asesores del Gobierno. Su cercanía con distintos sectores de la administración provincial la convierte, además, en una de las dirigentes locales con canales de diálogo con funcionarios bonaerenses. 

En ese contexto, su silencio resulta llamativo justamente cuando una de las principales demandas de vecinos e instituciones apunta a la falta de respuestas y recursos provenientes de la Provincia. 

Una Policía con pocos efectivos para toda la ciudad 

La discusión no se limita a la cantidad de delitos registrados. Información relevada por La Vanguardia permite dimensionar las dificultades operativas que atraviesa la Policía Comunal. 

La Estación de Policía Comunal cuenta con 118 efectivos uniformados, aunque esa cifra se reduce considerablemente cuando se analiza la disponibilidad real para las tareas de prevención. 

Parte del personal debe prestar servicio de manera permanente en San Agustín, Napaleofú, Ramos Otero, Los Pinos y Laguna Brava, además de cubrir puestos fijos en la Fiscalía y el Juzgado de Paz. 

A esto se agregan jefes de turno y autoridades de conducción que cumplen funciones administrativas, así como efectivos que se encuentran con licencias médicas, vacaciones, embarazos, cursos u otras situaciones especiales. 

El resultado es que la disponibilidad efectiva para tareas preventivas en la ciudad ronda los 40 policías, que deben distribuirse en cuatro turnos. 

Apenas diez policías por turno 

Traducido a la realidad cotidiana, significa que hay aproximadamente diez efectivos por turno para desarrollar tareas preventivas en una ciudad que supera los 51.000 habitantes. 

Esos agentes deben responder a emergencias, realizar patrullajes y atender distintos requerimientos judiciales. 

La dimensión territorial agrega otra dificultad: el partido de Balcarce supera las 412.000 hectáreas y actualmente habría cinco patrulleros disponibles, aunque dos de ellos se encontrarían fuera de servicio por reparaciones. 

La Patrulla Rural cuenta con un esquema propio para atender la extensa zona rural, pero la falta de recursos sigue siendo uno de los principales obstáculos para garantizar una cobertura adecuada. 

El Municipio pone cerca del 60% del dinero 

La falta de recursos no es solamente humana. También tiene un fuerte componente económico. 

Según información recabada por este medio, hasta el 31 de julio el funcionamiento de la Policía Comunal había demandado alrededor de 285 millones de pesos. 

De ese total, 167 millones fueron aportados con recursos propios por el Municipio, es decir, cerca del 60%. 

Las proyecciones oficiales indican que el aporte municipal podría llegar a los 300 millones de pesos antes de finalizar el año. 

Mientras tanto, el Fondo de Policía que gira la Provincia al distrito permanece congelado desde abril de 2025 en 16,8 millones de pesos mensuales. 

Ese monto actualmente alcanza, según los datos relevados, para cubrir apenas la mitad del combustible utilizado por la Policía Comunal y la Patrulla Rural. 

El Municipio también afronta con recursos propios gastos de mantenimiento de móviles, reparaciones mecánicas, neumáticos, baterías, mantenimiento edilicio, papelería y otros insumos necesarios para sostener el funcionamiento cotidiano de la fuerza. 

Cores: $1.200 por hora 

Otro de los puntos críticos está relacionado con las horas Cores —Compensación por Recargo de Servicio— que realizan los efectivos fuera de su jornada laboral para reforzar operativos o cubrir necesidades del servicio. 

El Ministerio de Seguridad bonaerense abona actualmente 1.200 pesos por cada hora Cores, una cifra que quedó ampliamente desactualizada frente al costo de vida. 

El monto permite dimensionar el deterioro de esa compensación: actualmente representa poco más que el valor de algunos productos básicos de consumo y ya no alcanza, por ejemplo, para comprar un kilo de pan, un litro de leche o un paquete de fideos. 

Cinco proyectos, ninguno sobre seguridad 

En este escenario, la actividad legislativa de Sol Di Gerónimo durante la sesión estuvo enfocada en otros asuntos. La concejal de Fuerza Patria presentó iniciativas relacionadas con la adhesión a la Ley Joaquín, la erradicación del basural de calle 1 y 108, la reparación y conservación de las calles internas de Villa Laguna Brava y un pedido de información sobre el reemplazo del subsecretario de Obras y Servicios Públicos y las obras que se encuentran en ejecución. 

También impulsó una declaración de Interés Cultural y Social para la participación de integrantes de la Escuela de Malambo “El Patrón” en la instancia selectiva Pre-Laborde. Son temas que forman parte de la agenda municipal y que pueden merecer atención legislativa. Pero ninguno de ellos estuvo relacionado con la seguridad. 

Y allí aparece la pregunta inevitable: ¿por qué una concejal que tiene vínculos políticos con el Gobierno bonaerense no utilizó la sesión para reclamarle a la Provincia más policías, patrulleros, recursos o una actualización del Fondo de Policía? Más aún cuando el propio Concejo Deliberante decidió aprobar un pedido dirigido directamente al gobernador y a su ministro de Seguridad. 

Una oportunidad que quedó pasar 

La cuestión no es solamente partidaria. En las últimas semanas, vecinos, comerciantes e instituciones de Balcarce expresaron públicamente su preocupación por la inseguridad y reclamaron respuestas concretas. 

El Municipio –que tiene también responsabilidad  directa sobre la seguridad-, por su parte, viene afrontando con recursos propios una parte sustancial del costo de funcionamiento de la Policía Comunal, mientras los fondos provinciales permanecen congelados. 

En ese contexto, la sesión ofrecía un escenario concreto para que la representante local de Fuerza Patria planteara públicamente la situación ante el gobierno provincial que conduce Kicillof. No ocurrió. Mientras el Concejo reclamaba a la Provincia que refuerce la seguridad de Balcarce, la concejal que mantiene una relación política directa con esa administración eligió no hacer de la seguridad uno de los ejes de su intervención legislativa.