El Comando de Prevención Rural Balcarce llevó adelante dos registros en establecimientos ubicados en Los Pinos y en el acceso a San Agustín. Se recuperó gran parte de los elementos denunciados como sustraídos y fueron restituidos a sus propietarios. No se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.
Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce realizó dos órdenes de registro domiciliario y secuestro en establecimientos rurales, uno ubicado en la localidad de Los Pinos y otro en el acceso a San Agustín, en el marco de una investigación por el hurto de importantes elementos utilizados para el riego de cultivos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, en la que se informó la sustracción de nueve equipos de riego destinados a chacras de papa. Entre los elementos denunciados se encontraban motores, alrededor de 900 caños de aluminio de distintas medidas, dos cabezales o bombas de agua, conexiones y acoples.
A partir de la denuncia, el fiscal de la UFI Descentralizada de Balcarce, Dr. Moure, encomendó la investigación al personal del CPR, que comenzó a realizar distintas tareas tendientes a determinar el origen y ubicación de los elementos sustraídos.
Con el avance de la pesquisa, los investigadores reunieron declaraciones testimoniales, registros de cámaras de vigilancia y placas fotográficas que permitieron establecer dónde se encontraba parte de los elementos denunciados.
Con las pruebas obtenidas, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N° 6 las correspondientes órdenes de registro domiciliario y secuestro.
Recuperaron gran parte de los elementos
Los procedimientos se concretaron con resultado positivo en uno de los establecimientos rurales, donde los efectivos lograron secuestrar gran parte de los elementos buscados, principalmente caños de riego, acoples y distintas herramientas vinculadas con los equipos.
Los elementos recuperados fueron posteriormente restituidos a sus propietarios.
Según se informó, el valor de los elementos recuperados se aproximaría a los 95.000 dólares, lo que da cuenta de la magnitud del perjuicio económico provocado por el hecho.
La investigación continúa abierta y desde el CPR indicaron que no se descartan nuevos procedimientos, debido a que todavía quedarían elementos por recuperar vinculados con la denuncia original.
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