Intendentes de toda la provincia coinciden en que el actual sistema de distribución de fondos quedó desactualizado. Plantean modificar una ley vigente desde 1987 para adecuarla a la realidad sanitaria y financiera de los municipios.
Cada comienzo de año vuelve a repetirse la misma discusión entre los municipios bonaerenses: el reparto de los fondos de coparticipación provincial. En ese escenario, Balcarce forma parte de los 135 distritos alcanzados por un sistema que, según coinciden intendentes de distintos signos políticos, necesita una profunda actualización.
La distribución de recursos se realiza a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD), establecido por la Ley Provincial 10.559, sancionada en 1987. Si bien la normativa fue considerada un avance institucional al fijar criterios objetivos para el reparto de fondos, con el paso del tiempo comenzó a mostrar limitaciones frente a una realidad muy diferente a la de hace casi cuatro décadas.
Cada año, la publicación de los nuevos coeficientes genera municipios beneficiados y otros perjudicados, ya que cualquier variación en el porcentaje que recibe una comuna repercute directamente sobre el resto de los distritos.
Un sistema pensado para otra época
Uno de los dirigentes que impulsa la revisión del régimen es Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen y expresidente del Foro de Intendentes Radicales, quien sostuvo que el principal problema del esquema actual no radica en su diseño original, sino en que fue concebido para una realidad completamente distinta.
"Hoy es posible conocer prácticamente en tiempo real las consultas médicas, las internaciones, la ocupación de camas, las derivaciones y las prestaciones realizadas. En 1989 muchas de esas herramientas simplemente no existían. El problema es que el sistema fue diseñado para un mundo que ya no existe", explicó.
Fernández también cuestionó la falta de transparencia en algunos componentes utilizados para calcular el reparto de recursos, especialmente el vinculado a Salud.
Según indicó, la información utilizada se consolida varios meses antes de conocerse el Coeficiente Único de Distribución definitivo, lo que dificulta que los municipios puedan verificar cómo impactan los datos aportados por cada comuna.
Además, sostuvo que resulta indispensable que toda la información empleada para calcular el componente sanitario sea pública, abierta y completamente desagregada.
El peso de la salud municipal
Entre las propuestas que impulsan distintos municipios figura la incorporación de variables cualitativas que reflejen con mayor precisión el esfuerzo que realizan las comunas para sostener sus sistemas de salud.
Los intendentes consideran que el esquema actual no distingue entre municipios con hospitales de alta complejidad y aquellos con estructuras sanitarias más reducidas.
Por ese motivo proponen contemplar aspectos como la cantidad de médicos, enfermeros y profesionales de la salud que financia cada municipio, así como el costo real de las prestaciones.
"No demanda los mismos recursos una cirugía de alta complejidad que una internación clínica convencional", sostienen quienes impulsan la reforma.
Reclamos que se repiten cada año
El debate volvió a cobrar fuerza este año luego de que varios municipios registraran importantes caídas en su coeficiente de coparticipación.
Uno de los casos más resonantes fue el de General Madariaga, cuyo intendente, Esteban Santoro, aseguró que la reducción del 5% —el máximo permitido por la normativa— representará una pérdida cercana a los 800 millones de pesos durante 2026.
Según el jefe comunal, esa cifra equivale aproximadamente a un mes completo de salarios municipales y, medida a valores actuales, representa unos 4.000 millones de pesos menos respecto de la participación que el distrito tenía una década atrás.
Más allá de los reclamos, el debate sobre la coparticipación atraviesa a municipios gobernados por distintos espacios políticos. Tanto oficialistas como opositores coinciden en que el régimen vigente requiere una actualización que contemple las nuevas realidades sanitarias, tecnológicas y financieras de los 135 municipios bonaerenses, entre ellos Balcarce, que también forma parte de un sistema cuya revisión vuelve a instalarse en la agenda provincial.
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