Los reclamos judiciales vinculados con el acceso a la salud se multiplican en Argentina y Balcarce no es ajena a esa realidad. Cada vez son más los vecinos que recurren a la Justicia para lograr que obras sociales, empresas de medicina prepaga e incluso organismos estatales garanticen tratamientos, medicamentos o prestaciones médicas que consideran indispensables. 

Casos recientes, como el de la familia de Thiago —que denunció el incumplimiento de una orden judicial por parte de su obra social para restablecer la cobertura en el Hospital Italiano— vuelven a poner en evidencia un fenómeno que abogados y especialistas describen como la creciente judicialización de la salud. 

Un recurso cada vez más frecuente 

Ante la negativa o las demoras en la autorización de tratamientos, medicamentos de alto costo, cirugías, terapias para personas con discapacidad o prestaciones complejas, muchos pacientes optan por presentar un recurso de amparo. 

Se trata de una herramienta judicial rápida que permite solicitar medidas cautelares para que un juez ordene a la obra social o empresa de medicina prepaga brindar de manera inmediata la cobertura reclamada, especialmente cuando está en riesgo la salud o la vida del paciente. 

En Balcarce, profesionales del derecho consultados en distintas oportunidades coinciden en que este tipo de presentaciones aumentó de manera significativa en los últimos años. 

Prepagas, aumentos y cobertura 

Otro de los motivos que impulsó la judicialización fueron los fuertes incrementos registrados en las cuotas de las empresas de medicina prepaga tras la desregulación del sector. 

En distintos puntos del país, la Justicia dictó fallos que ordenaron retrotraer aumentos considerados excesivos, estableciendo que las cuotas debían actualizarse de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) e, incluso, disponer la devolución de los montos cobrados por encima de esos parámetros. 

A ello se suman los reclamos por la falta de cobertura de medicamentos de alto costo, tratamientos oncológicos, terapias innovadoras y prácticas médicas que, pese a estar indicadas por los profesionales tratantes, son rechazadas por las prestadoras. 

La crisis del sistema también impacta 

La problemática no se limita a las obras sociales y prepagas. La crisis financiera que atraviesa buena parte del sistema de salud también afecta a organismos públicos y prestadores como el IOMA. 

Las demoras en los pagos, la falta de entrega de insumos y medicamentos o las dificultades para acceder a determinadas prestaciones han motivado numerosas acciones judiciales en todo el país. 

Qué puede hacer un afiliado 

Cuando una obra social o prepaga niega una prestación médica, el afiliado cuenta con distintas herramientas para reclamar. 

La principal es el amparo de salud, considerado el mecanismo judicial más rápido para obtener una resolución cuando existe urgencia médica. 

Antes de llegar a esa instancia también pueden utilizarse vías administrativas o mecanismos de mediación. A nivel nacional funciona el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), creado para intentar resolver conflictos entre pacientes y prestadores sin necesidad de iniciar un juicio. 

No obstante, cuando esas alternativas no prosperan o la demora pone en riesgo la salud del paciente, el recurso de amparo continúa siendo la herramienta más utilizada para garantizar el acceso a tratamientos y prestaciones médicas. 

En Balcarce, la creciente cantidad de casos que llegan a los tribunales refleja una realidad que se repite en todo el país: frente a un sistema cada vez más tensionado, la Justicia se ha convertido, para muchos pacientes, en la única vía para hacer efectivo el derecho a la salud.