Las gestiones para resolver uno de los conflictos dominiales más importantes de los últimos años en Balcarce ingresaron en una etapa decisiva. El Municipio en colaboración con el concejal Enrique Guillén, de la LLA, busca destrabar el trámite que mantiene sin posibilidad de escriturar sus viviendas a 218 familias de los barrios Avenida y Procasa, afectadas por un error administrativo originado hace más de una década. 

Según pudo saber La Vanguardia, este jueves se llevó adelante una reunión considerada clave con autoridades nacionales, en la que se solicitó acelerar el procedimiento necesario para corregir la situación que mantiene paralizadas las escrituras. 

Un problema que comenzó en 2014 

El conflicto se remonta al año 2014, cuando mediante el Decreto Presidencial Nº 1138, firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el edificio del antiguo Matadero Municipal fue declarado Monumento Histórico Nacional. 

Sin embargo, al confeccionarse la delimitación catastral del área protegida se produjo un error administrativo que terminó incorporando parcelas pertenecientes a los barrios Avenida y Procasa, una afectación que nunca debió alcanzar a esas viviendas. 

Como consecuencia de esa equivocación, las propiedades quedaron alcanzadas por restricciones legales que impiden avanzar con las escrituras y otros trámites registrales, afectando desde entonces a 218 familias. 

La situación fue revelada oportunamente por La Vanguardia a través de un documento exclusivo que permitió conocer el alcance del problema y las dificultades que enfrentan los vecinos desde hace más de diez años. 

Gestiones para corregir la afectación 

De acuerdo con la información obtenida por este medio, las negociaciones registraron avances en las últimas semanas con la puesta en funcionamiento de la nueva Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, organismo que ya se encuentra trabajando sobre el expediente. 

En ese marco, durante la jornada de este jueves se planteó nuevamente la problemática ante el Secretario de Cultura de la Nación, con el objetivo de solicitar que se imprima mayor celeridad al trámite administrativo. 

Las expectativas son alentadoras, ya que las distintas partes coinciden en que existió un error en la delimitación de las parcelas alcanzadas por la declaración patrimonial y que resulta necesario corregir esa situación para devolver seguridad jurídica a los propietarios. 

La solución depende de un nuevo decreto 

No obstante, resolver el conflicto requiere un procedimiento legal específico. 

Fuentes vinculadas a las gestiones explicaron que, en materia de derecho administrativo, rige el denominado principio del paralelismo de competencias, según el cual una norma solo puede ser modificada, sustituida o derogada mediante otra disposición de igual o superior jerarquía dictada por la misma autoridad. 

En este caso, al tratarse de una afectación establecida mediante un decreto presidencial, la solución definitiva deberá instrumentarse también a través de un nuevo decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que modifique la delimitación aprobada en 2014 y excluya las parcelas que fueron incorporadas por error. 

Una respuesta esperada por más de una década 

La posibilidad de corregir esa situación representa una noticia largamente esperada por las familias de los barrios Avenida y Procasa. 

Durante más de diez años, los propietarios se vieron impedidos de obtener la escritura de sus viviendas, una situación que limitó operaciones de compra y venta, acceso a créditos y la regularización definitiva del dominio de los inmuebles. 

Si las gestiones avanzan favorablemente y el Gobierno nacional impulsa la modificación del decreto vigente, el conflicto podría comenzar a encaminarse hacia una solución definitiva, permitiendo que las 218 familias finalmente accedan al título de propiedad de sus hogares tras más de una década de espera.