La discusión por el estado y el financiamiento de los caminos rurales volvió a instalarse en la agenda política bonaerense. A través de un proyecto presentado en el Senado provincial, la legisladora Inés Laurini propuso abrir un debate nacional sobre la distribución de los recursos que aporta el sector agropecuario, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los municipios para sostener la red vial rural. 

La iniciativa fue elaborada junto al intendente de Azul, Nelson Sombra, y busca sumar adhesiones de otros distritos agropecuarios de la provincia, entre ellos Balcarce, donde también existen reclamos recurrentes vinculados al mantenimiento de los caminos rurales y la inversión en infraestructura para la producción. 

Un reclamo que atraviesa a los municipios rurales 

Laurini sostiene que la discusión entre productores y municipios se encuentra desgastada luego de años de conflictos por el estado de los caminos y el cobro de tasas destinadas a su mantenimiento. 

"La discusión entre los productores agrícolas y los municipios sobre los caminos rurales está agotada", planteó la senadora al fundamentar la necesidad de revisar el esquema de distribución de recursos. 

Según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), cerca del 90% de los impuestos que paga el sector agropecuario queda en manos del Estado nacional. De ese total, alrededor del 57% corresponde a tributos no coparticipables y otro 33% se distribuye a través del régimen de coparticipación. En contraste, apenas el 9,3% llega a las provincias y solamente el 1,1% a los municipios. 

Para los impulsores de la iniciativa, esta ecuación genera una fuerte asimetría, ya que son los gobiernos locales quienes deben afrontar el mantenimiento de miles de kilómetros de caminos utilizados diariamente por la producción. 

Balcarce, entre los distritos que esperan respuestas 

La problemática no es exclusiva de Azul. En los fundamentos del proyecto se menciona una extensa lista de municipios bonaerenses donde la situación derivó en conflictos, reclamos e incluso presentaciones judiciales. 

Si bien Balcarce no aparece entre los casos judicializados citados en la iniciativa, desde distintos sectores productivos locales se sigue con atención el debate, considerando la importancia que tiene la red vial rural para una de las economías agropecuarias más relevantes del sudeste bonaerense. 

Por ese motivo, se espera conocer cuál será la posición de las autoridades locales y de las entidades rurales frente a una propuesta que apunta a obtener mayores recursos para los municipios encargados de conservar la infraestructura vial. 

Un pedido al Congreso Nacional 

El proyecto solicita que el Congreso de la Nación impulse el estudio y la implementación de mecanismos específicos para distribuir recursos destinados al mantenimiento, conservación y mejoramiento de los caminos rurales. 

Además, plantea la necesidad de establecer un esquema de financiamiento "sostenible, transparente y equitativo" que permita a los municipios afrontar las tareas de conservación vial sin depender exclusivamente de recursos locales. 

La propuesta también destaca que los caminos rurales son fundamentales no sólo para la producción agropecuaria, sino también para garantizar el acceso a la educación, la salud, la seguridad y la integración territorial de las comunidades del interior. 

Antecedentes de financiamiento federal 

Entre los fundamentos, Laurini recuerda experiencias anteriores que contemplaban recursos nacionales para infraestructura rural, como el Plan de Caminos de Fomento Agrícola de 1956, el Fondo Federal Solidario creado en 2009 y eliminado en 2018, y el Programa Federal de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo que impulsó la Dirección Nacional de Vialidad. 

Según la legisladora, estos antecedentes demuestran que existen herramientas para construir un sistema más equilibrado que permita atender una demanda histórica de los municipios productivos. 

Mientras el debate comienza a instalarse en la agenda política, municipios agrícolas como Balcarce observan con expectativa una discusión que podría tener impacto directo en la disponibilidad de recursos para mejorar y mantener una infraestructura clave para el desarrollo del sector agropecuario.