El gremio del personal del INTA cuestionó la propuesta de trasladar funciones al sector privado y denunció pérdida masiva de personal, cierre de agencias y venta de activos. Pidió la inversión pública y presencia territorial para garantizar soberanía tecnológica agroalimentaria.
Foto: Paulo Garcia, secretario general Apinta Nacional.
Desde APINTA, la Asociación del Personal del INTA, se dio a conocer un comunicado como réplica a la nota publicada en Clarín Rural —“La ciencia cambia, el país cambia: qué INTA necesita la Argentina”, firmada por integrantes del Grupo CEO y elaborada en el ámbito del CARI. "No negamos el debate; exigimos que sus argumentos se contrasten con la realidad territorial y con datos verificables".
"Los autores proponen que provincias y sector privado asuman crecientemente funciones “downstream”, dejando al INTA como mero integrador con la ciencia global. En abstracto suena razonable; en la práctica, en un país con desigualdades regionales profundas, esa propuesta vacía de contenido la misión pública del Instituto".
"Los hechos recientes muestran un proceso de desmantelamiento en marcha:
- Capital humano: entre el 10 de diciembre de 2023 y el 24 de abril de 2026, el INTA perdió 1.145 trabajadores: 297 por el retiro voluntario de 2024 y 848 por renuncias, ceses, jubilaciones y licencias sin goce de sueldo. En promedio, más de un trabajador por día durante la gestión actual. Cada baja implica pérdida de conocimiento territorial irreemplazable y vacantes que no se cubren.
- Vaciamiento territorial y activos: el 26 de febrero de 2026, por Resolución CD 27, se suprimió la EEA AMBA y sus 9 Agencias de Extensión Rural; el predio de 33 hectáreas en Ituzaingó fue habilitado para la venta. En abril de 2026 se aprobó el cierre de 14 AERs adicionales (entre ellas agencias en Buenos Aires, Córdoba y Chaco), reduciendo capacidades territoriales históricas.
La nota cita las Land Grant Universities y el USDA como referencia. Es un paralelismo incompleto: aquel sistema es público, federal y sostenido por un presupuesto anual masivo. El ejemplo estadounidense respalda la importancia del financiamiento público y la presencia territorial, no el retiro del Estado de la investigación agropecuaria.
Quién atiende lo que el mercado no atiende
La pregunta central que la nota no responde es: ¿qué actor privado o provincial financiaría hoy investigación para cultivos y sistemas sin escala comercial inmediata —tabaco, caña, yerba, cultivos andinos, estudios para la ganadería caprina patagónica— y para pequeños productores del NOA y NEA? El INTA lo hace: con equipos consolidados y conocimiento local acumulado. Transferir esa responsabilidad al sector privado es ignorar fallas de mercado estructurales.
Nuestra propuesta
Desde APINTA sostenemos que el INTA necesita más inversión, actualización de capacidades, recursos e infraestructura —no un cambio de misión. Defender la presencia territorial y la ciencia pública en todo el país es garantizar soberanía tecnológica agroalimentaria para productores y regiones que el mercado no cubre.
La ciencia cambia y el INTA debe adaptarse; eso no puede traducirse en pérdida de personal, cierre de agencias ni liquidación de activos. Pedimos que el debate público explicite intereses y datos, y que las decisiones se tomen con memoria institucional y con la prioridad puesta en el bien público.
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