Dirigentes de las Sociedades Rurales del Sudeste, entre las que se encuentra Balcarce, expresaron en el reciente encuentro de la Zona VI de CARBAP su fuerte preocupación por dos medidas que, aseguran, podrían afectar la producción y la seguridad agropecuaria regional. Por un lado, cuestionaron la desregulación de la vacunación antiaftosa prevista desde 2027; por otro, rechazaron la intención de adherir al convenio internacional UPOV 91 en materia de semillas.

Según los ruralistas, la desregulación ya empieza a generar inconvenientes en la segunda campaña del año: la campaña invernal y las recategorizaciones requeridas habrían complicado la logística y puesto en riesgo la cobertura vacunal. Advierten además que, sin la mediación de las fundaciones sanitarias —hasta ahora garantes de la vacunación y de la inmunidad de los rodeos— podría aumentarse el desorden y la exposición a brotes. La preocupación ya fue planteada ante funcionarios de Agricultura y del SENASA en Balcarce, pero hasta el momento —dijeron— no hubo respuestas ni soluciones concretas.

El tema será presentado como moción en el Congreso de Entes y Fundaciones Sanitarias que organiza Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en Gualeguaychú el 29 de mayo. Los productores esperan de esa instancia una definición que preserve los esquemas de control que hoy aseguran la sanidad animal.

En materia de semillas, los asistentes recordaron que en JONAGRO —evento organizado también por CRA— el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, adelantó lineamientos que apuntan a regular el uso de semillas y nuevos eventos conforme a UPOV 91. Para las Rurales del Sudeste, la promoción de la investigación y de nuevas tecnologías en simientes es bienvenida, pero alertan que la adhesión a UPOV 91 puede limitar o anular el uso propio de semillas multiplicadas o guardadas por los productores tras la cosecha, afectando especialmente a pequeños y medianos productores en un contexto de alta presión impositiva y retenciones.

Durante la reunión también se compartieron denuncias por hechos de inseguridad rural. Los dirigentes instaron a los damnificados a formalizar las denuncias correspondientes y a mantener contacto con sus Sociedades Rurales para coordinar respuestas. Paralelamente, se acordó intensificar las estrategias de comunicación para acercar las inquietudes del sector a las comunidades locales y visibilizar el aporte económico y social de la actividad agropecuaria.

Finalmente, los ruralistas valoraron anuncios recientes del gobierno nacional sobre una baja de retenciones en cultivos de fina y medidas para soja, aunque subrayaron que esos pasos deben complementarse con la eliminación total de gravámenes y con políticas que incentiven la campaña frente a mayores costos en fertilizantes y combustibles, y ante la necesidad de reparar rutas y caminos rurales.