La resolución oficial (DA-2026-20-APN-JGM), publicada y oficializada, modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 y dispone rebajas y reasignaciones en diversas jurisdicciones. El anexo con los montos por organismo muestra una reducción de 5.000.140.000 pesos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una cifra que se suma a ajustes similares en agencias científicas y técnicas: CNEA (-19.742.764.636), CONICET (-3.263.497.041), CONAE (-4.409.927.685), INTI (-1.980.842.527), ANLIS (-1.162.297.271) y otras entidades.

Fuentes oficiales y sindicales del INTA señalan que el organismo cuenta hoy con aproximadamente 5.700 empleados bajo convenio, alrededor de mil menos que al inicio de la actual gestión. En la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, clave para la investigación agrícola y ganadera de la región, la planta está integrada por 239 trabajadores; en 2024 doce empleados de esa sede aceptaron el régimen de retiro voluntario, según informaron representantes gremiales.

En este contexto, trabajadores e investigadores consultados por este medio expresan preocupación por la capacidad operativa del INTA para sostener proyectos de transferencia tecnológica, ensayos de campo y asistencia técnica a productores. “Un recorte de esta magnitud impacta en contrataciones, mantenimiento de infraestructura y en insumos para ensayos de campo —dice un técnico de Balcarce—. Son proyectos que requieren continuidad; un año sin evaluación puede significar la pérdida de una campaña y datos irreemplazables”.

Los temores se centran en tres efectos inmediatos: suspensión o demora de programas de largo plazo, reducción de asistencia técnica a productores del distrito y cortes en la reposición de insumos y materiales esenciales para estaciones experimentales. 

En Balcarce, donde se realizan ensayos a distinta escala, advierten que la falta de recursos puede traducirse en parcelas sin seguimiento, imposibilidad para contratar personal de temporada y menor capacidad de respuesta ante plagas o emergencias fitosanitarias.

El recorte llega en un contexto de reducción general de la planta y aceptación de retiros voluntarios. Los sindicatos, como APINTA, subrayan que la pérdida de personal especializado empobrece la institucionalidad técnica del INTA y aumenta la carga laboral sobre el resto del equipo. “No sólo se pierde mano de obra: se pierde conocimiento local y vínculos con productores que llevan años construyéndose”, afirma un dirigente del gremio que representa a los trabajadores.

Además, la reducción presupuestaria afecta la capacidad del INTA para participar en programas interinstitucionales y convenios con universidades y gobiernos provinciales, lo que podría reducir la escala y el alcance de la investigación aplicada que beneficia a pequeños y medianos productores.

A la hora de pedir precisiones sobre uso y destino del recorte, desde la conducción central del INTA aún no se comunicó públicamente un plan detallado que explique cómo se mitigarán los efectos. Fuentes aseguraron a LV que la dirección nacional estaría trabajando en un plan basado en prioridades, pero admiten que los márgenes son estrechos frente a la magnitud del recorte.

Desde el ámbito sindical y de las direcciones de las experimentales exigen reuniones urgentes con autoridades nacionales para conocer criterios de distribución del ajuste, garantizar la continuidad de proyectos clave y preservar puestos estratégicos.

La decisión forma parte de una adecuación presupuestaria que también incrementa en 500.000 millones de pesos el límite destinado al pago de deudas previsionales, pero repercute en créditos destinados a ciencia y tecnología. El cambio deja a organismos científicos en una situación de incertidumbre sobre la ejecución de actividades para 2026.

En resumen, el recorte de 5.000.140.000 pesos al INTA encendió alarmas en Balcarce y otras experimentales: existe temor fundado sobre la continuidad de ensayos, la capacidad de asistencia técnica y la preservación del capital humano. Trabajadores e investigadores piden y reclaman definiciones urgentes y garantías para que la reducción presupuestaria no se traduzca en pérdida de capacidad productiva y de innovación para el sector agropecuario.