El Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado en el que plantea su posición respecto del debate público en torno a las políticas de salud mental. El organismo reafirma su respaldo a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y asegura que el problema actual no reside en el marco normativo, sino en las dificultades estructurales para su implementación.

Desde su práctica de monitoreo, control de legalidad y promoción de derechos, el Órgano señaló como principales obstáculos la insuficiencia de recursos, la fragmentación del sistema de atención y el aumento de demandas vinculadas a la complejidad social. En ese sentido, advirtió que propuestas de reforma basadas en diagnósticos simplificados podrían ofrecer “soluciones aparentes” y provocar retrocesos en el paradigma de derechos, en el proceso de desmanicomialización y en las garantías de las personas usuarias.

El comunicado pone el foco en el riesgo de debilitamiento de los mecanismos institucionales de control, en particular de los propios Órganos de Revisión, y plantea medidas que, a su juicio, deben priorizarse para enfrentar la crisis:

- Fortalecer el sistema público de salud mental, ampliar y capacitar equipos interdisciplinarios para asegurar la continuidad de cuidados.  

- Invertir sostenidamente en infraestructura y ampliar dispositivos comunitarios con abordajes territoriales accesibles.  

- Consolidar estrategias intersectoriales que atiendan los determinantes sociales de la salud mental.  

- Generar y sostener espacios de trabajo y discusión para elaborar respuestas acordes a la complejidad del escenario.

Finalmente, el Órgano expresó su disposición a trabajar de forma articulada para la construcción de políticas públicas que protejan derechos humanos y respondan a las necesidades sociales actuales, en vez de promover cambios normativos que, según su análisis, podrían implicar rComunicaciónm

(Comunicación oficial del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires)