La crisis dentro de la Policía Bonaerense dejó de ser un rumor para convertirse en un diagnóstico descarnado desde adentro. Nicolás Masi, secretario general del Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires (Asociación Civil, gremio no reconocido por la Justica), habló con Desconfiados y describió un panorama que combina salarios depreciados, sobrecarga laboral y una estructura que, lejos de contener, castiga. “La situación es caótica”, sintetizó, en una definición que condensa el malestar que recorre a la fuerza.

Según el dirigente, el esquema actual obliga a los efectivos a trabajar más de ocho horas diarias con horas extra mal liquidadas y, en muchos casos, impuestas. La falta de personal profundiza esa lógica: no se trata de un complemento voluntario, sino de una exigencia permanente. El problema se agrava con sueldos que rondan los 800 mil pesos, muy lejos -según el propio gremio- de lo que debería percibir un policía en relación con la canasta básica. La consecuencia es evidente: cada vez menos atractivo para nuevos ingresos y una fuerza sostenida por necesidad más que por vocación.

El deterioro no se limita al bolsillo. Masi advirtió que existe un vacío alarmante en materia de salud mental, especialmente en situaciones críticas. Policías que atraviesan episodios violentos, incluso letales, no cuentan con acompañamiento psicológico ni psiquiátrico. Ese abandono institucional, lejos de ser una excepción, se vuelve regla. La contención, en la práctica, queda librada a la voluntad individual en un sistema que exige al máximo pero devuelve poco.

El clima interno, además, muestra señales de tensión creciente. Silbidos a funcionarios en actos oficiales, como el registrado recientemente hacia el gobernador Axel Kicillof, reflejan un malestar que ya no se disimula. Para el gremio, el propio discurso oficial expone la contradicción: se reconocen falencias estructurales -falta de personal, bajos salarios, carencias materiales- tras años de gestión. “Se está criticando a sí mismo”, deslizó Masi sobre el mandatario, en una lectura que cuestiona la falta de respuestas concretas.

En ese contexto, la conducción política del área tampoco queda al margen de las críticas. Desde el sindicato denuncian ausencia de diálogo y respuestas basadas en la represión de la protesta interna. Detenciones de efectivos por manifestarse y sanciones económicas forman parte de un escenario que, según Masi, busca disciplinar antes que resolver. Mientras tanto, la precariedad empuja a muchos policías a buscar ingresos adicionales, desde trabajos informales hasta servicios paralelos. El resultado es una fuerza desgastada, mal paga y sin respaldo, en una provincia donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales.