Enviado a la redacción de La Vanguardia 

En los últimos años, el endeudamiento de las cooperativas eléctricas —como el caso de Balcarce— se ha vuelto un tema central en la discusión pública. Sin embargo, gran parte de la sociedad tiende a interpretar esta situación desde una mirada simplificada: la idea de mala gestión, desmanejos o incluso irregularidades. Esa lectura, aunque comprensible en un contexto de desconfianza, no alcanza a explicar la complejidad real del problema. 

Para entender lo que ocurre hoy, es necesario retroceder algunos años, particularmente al período que comienza en 2019 y se profundiza en 2020. En ese momento, en el marco de una política orientada a contener el impacto económico sobre la población, se limitó la posibilidad de trasladar a las tarifas eléctricas el aumento sostenido de los costos. Es decir, mientras la inflación avanzaba y los costos operativos crecían, las prestadoras de servicios eléctricos —entre ellas las cooperativas— no pudieron ajustar sus ingresos en la misma proporción.

Este desfasaje entre costos y tarifas generó un problema estructural: las cooperativas comenzaron a recaudar por debajo de lo necesario para sostener el sistema en equilibrio. Frente a esa situación, se planteó una disyuntiva crítica. Por un lado, podían priorizar el cumplimiento estricto de sus obligaciones hacia arriba en la cadena de pagos, lo que hubiera implicado recortar gastos operativos, deteriorar el servicio y eventualmente generar cortes o fallas. Por otro lado, podían sostener el funcionamiento del sistema eléctrico local, garantizando la continuidad y calidad del servicio, aun a costa de comenzar a acumular deuda.

En muchos casos, incluida la experiencia que se observa en Balcarce, la decisión fue inclinarse por esta segunda opción. Se priorizó mantener la red, el personal, la atención y la calidad del suministro, evitando trasladar de forma abrupta el costo a los usuarios o degradar el servicio. Esta estrategia permitió atravesar los años más críticos sin colapsos visibles, pero tuvo como contrapartida la acumulación progresiva de deuda dentro del sistema.

Esa deuda no es aislada ni exclusiva de una institución: forma parte de una cadena. La cooperativa se ve limitada para cumplir plenamente con sus obligaciones, lo que impacta en la distribuidora, y esta a su vez en el sistema mayorista de energía. Es un efecto dominó generado, en gran medida, por un esquema tarifario que durante un período prolongado no acompañó la evolución de los costos reales.

Llegados a este punto, el sistema enfrenta una necesidad inevitable: recomponer tarifas para restablecer el equilibrio económico. Esto permitiría a las cooperativas recuperar capacidad financiera, normalizar sus pagos y sostener el servicio en el tiempo. Sin embargo, esta solución no está exenta de tensiones. Un aumento tarifario tiene impacto directo sobre los usuarios y, si es demasiado brusco, puede derivar en mayores niveles de incobrabilidad, generando un nuevo problema.

Por eso, la discusión no puede reducirse a una lógica de “subir o no subir tarifas”, sino que debe contemplar la necesidad de encontrar un equilibrio que permita sostener el sistema sin generar un impacto social desmedido.

En este marco, hay un actor clave que muchas veces queda fuera del foco: el nivel provincial. Es allí donde se define el esquema tarifario, se autorizan los ajustes y se regula el funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto. Por lo tanto, gran parte de lo que hoy ocurre en las cooperativas no responde únicamente a decisiones internas, sino a un marco regulatorio más amplio que condiciona su funcionamiento.

A partir de este contexto, es donde resulta necesario empezar a poner el foco en otro aspecto del problema: la calidad del debate público que se está dando alrededor de esta situación.

Es entendible que desde el ciudadano común, desde el usuario que recibe la factura todos los meses, surjan expresiones de enojo, cuestionamientos o incluso sospechas. Forma parte de una reacción lógica frente a un servicio esencial que impacta directamente en la economía cotidiana. Sin embargo, lo que resulta más preocupante es que ese mismo nivel de simplificación —o incluso de desinformación— aparezca en ámbitos donde debería primar un análisis más profundo y responsable.

Cuando desde sectores de la política, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, e incluso desde algunos espacios del periodismo, se emiten juicios categóricos, se habla de hechos gravísimos o se pone en duda la legalidad de manera liviana, sin un análisis técnico serio que respalde esas afirmaciones, el problema deja de ser solamente económico o financiero y pasa a ser institucional.

No se trata de plantear que no deba investigarse. Por el contrario, cualquier duda o irregularidad debe ser analizada en los ámbitos correspondientes y con las herramientas adecuadas. Pero hay una diferencia sustancial entre investigar con responsabilidad y construir sospechas en el espacio público sin sustento sólido. Señalar mediáticamente no es lo mismo que denunciar formalmente, y esa distinción es clave para no erosionar la confianza social sin fundamentos.

En este punto, también es válido incorporar una mirada equilibrada sobre el rol de la propia cooperativa. Aun entendiendo el contexto complejo en el que ha operado, es posible observar una debilidad en materia de comunicación. La falta de información clara, accesible y constante hacia los usuarios y la comunidad genera un vacío que rápidamente es ocupado por interpretaciones, muchas veces erróneas o incompletas.

En un escenario como el actual, donde el sistema ha logrado sostener el servicio, mantener su estructura operativa y evitar un deterioro visible en la calidad, sería esperable un mayor esfuerzo por parte de la institución en explicar cómo se llegó hasta acá, cuáles fueron las decisiones tomadas y cuáles son los pasos a seguir. La transparencia no solo fortalece la gestión, sino que también ordena el debate público.

Por eso, más allá del problema concreto del endeudamiento —que, como se ha señalado, tiene causas estructurales y responde a un contexto más amplio—, lo que verdaderamente debería preocupar es la falta de profundidad en el análisis por parte de actores que tienen responsabilidad institucional y capacidad de influir en la opinión pública.

Cuando el debate se corre hacia simplificaciones, acusaciones infundadas o posicionamientos apresurados, se pierde la oportunidad de abordar el problema de fondo y de construir soluciones sostenibles. Y en un tema tan sensible como el servicio eléctrico, esa pérdida no es menor: impacta directamente en la calidad de las decisiones que se toman y, en definitiva, en la vida cotidiana de toda la comunidad. 

Sebastián Fiori

DNI 17.132.065