Cientos de familias en Balcarce se encuentran en una situación insólita y alarmante, atrapadas por la ineptitud y posiblemente la mala praxis del Estado en un proceso que no refleja su realidad. Debido a un "error administrativo" ocurrido durante la gestión del intendente José Echeverría, estas familias están imposibilitadas de escriturar sus viviendas, una complicación que ha surgido tras la declaración de dos barrios como patrimonio nacional.

Desde 2016, la Municipalidad de Balcarce ha trabajado en la subdivisión de los Barrios Avenida y Procasa, un paso crucial para la escrituración de las propiedades. En 2018, la Dirección de Regularización Dominial realizó censos de las viviendas en estas áreas, lo que permitió avanzar en la obtención de los certificados de dominio necesarios.

Sin embargo, al cargar los censos, se presentó un obstáculo inesperado. El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires descubrió que el Matadero Municipal, que actualmente alberga el Centro Cultural Salamone, había sido declarado Monumento Histórico Municipal mediante el Decreto Presidencial Nº 1138/2014, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este decreto no solo reconoce el matadero como patrimonio, sino que también ordena su inscripción en los Registros Catastrales y de la Propiedad, prohibiendo cualquier transferencia de dominio. 

El problema radica en que el decreto menciona incorrectamente la nomenclatura catastral del matadero, afectando la Parcela 2a en lugar de la correcta Parcela 4b. Como resultado, las 218 parcelas involucradas, que representan a igual número de familias, no pueden proceder con la escrituración de sus viviendas. Lo que no está claro es si la información fue erróneamente adjuntada desde aquí por parte de algún funcionario municipal o si el inconveniente surgió directamente en la redacción del decreto. 

Cabe mencionar que estos barrios fueron construidos entre finales de los años ochenta y principios de los noventa. Ante esta situación, la actual administración municipal inició gestiones con el Gobierno Nacional, entonces presidido por Alberto Fernández, en un intento de resolver el inconveniente, aunque no se logró ningún avance.

En este contexto, se ha puesto en marcha un procedimiento administrativo ante la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos para modificar el decreto. Las fuentes consultadas por La Vanguardia advierten que, si no se obtiene una respuesta favorable, el Municipio se verá obligado a recurrir a la vía judicial para hacer valer el derecho a la propiedad.

Las autoridades municipales y las familias afectadas mantienen la esperanza de que se encuentre una solución pronta que permita regularizar la situación y obtener la tan esperada escritura de sus hogares.