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America Latina

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado tras los bloqueos que paralizaron el país

Redacción Vanguardia

Durante los cortes de rutas, al menos 22 personas perdieron la vida y otras 88 resultaron heridas, según cifras registradas por la Defensoría del Pueblo y diversos informes de entidades cívicas y sociales

 

La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos en el marco de los bloqueos masivos que paralizaron el país durante 53 días. El documento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruyó a la Policía aprehender y trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, en respuesta a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y por el Ministerio de Gobierno.

“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, aseguró hoy Morales en su cuenta de X.

La investigación contra Morales se centra en seis delitos: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Las acusaciones surgieron tras la denuncia penal formalizada el 1 de julio por el Comité pro Santa Cruz, representado por Stello Cochamanidis Garcés, que identificó a Morales como principal impulsor de las protestas y bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio.

Durante esas siete semanas, campesinos, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines a Morales instalaron más de 100 puntos de bloqueo en diferentes regiones, en particular en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las protestas respondieron a la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz, una exigencia que los sectores movilizados consideraron como única salida al conflicto. El desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal alcanzó niveles críticos en varias ciudades.

Las interrupciones en el tránsito y los cortes de vías causaron la muerte de al menos 22 personas y dejaron un saldo de 88 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo y reportes de organizaciones cívicas y sociales.

El impacto económico resultó devastador. Las pérdidas superaron los USD 3.000 millones, y sectores como el productivo, especialmente en Santa Cruz, sufrieron graves afectaciones. Las mercancías no lograban salir de las zonas de producción o no podían ser trasladadas hacia otros departamentos, lo que agravó la crisis de abastecimiento en el país. Los enfrentamientos y la tensión social marcaron el clima durante los 53 días de conflicto.

“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, señaló Evo Morales.

Junto a Morales, la orden de aprehensión alcanzó al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar. Este último permanece detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 6 de julio, señalado como uno de los principales organizadores de los bloqueos en el occidente boliviano.

El mandato de detención se emitió en base a los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal.

Morales negó haber promovido la renuncia de Paz y atribuyó las movilizaciones a la presión social por demandas insatisfechas. El 24 de mayo, Morales publicó en redes sociales que el mandatario enfrentaba “dos caminos”: militarizar el país o convocar a elecciones en los siguientes 90 días.

Finalmente, tras acuerdos con sectores como la COB y ante la persistencia de los bloqueos, el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio y ordenó el despliegue de la Policía y el Ejército para restablecer la circulación en las carreteras.

“Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular”, agregó hoy el expresidente en X.

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