El Gobierno nacional avanza con una reforma profunda del Régimen de Inocencia Fiscal, la herramienta que apunta a facilitar el ingreso de fondos no declarados al circuito formal de la economía o en otras palabras: los “dólares bajo el colchón”. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, con cambios que alcanzan tanto a los requisitos de acceso como a las reglas de fiscalización y a los mecanismos de defensa de los contribuyentes.

La iniciativa surge luego de que el esquema vigente mostrara un nivel de adhesión menor al esperado y de que especialistas tributarios plantearan observaciones sobre distintos aspectos de la ley original. A partir de ese diagnóstico, el equipo económico trabajó en una serie de modificaciones que buscan ampliar el universo de beneficiarios y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.

En conferencia de prensa, Caputo repasó los cuatro ejes centrales de la reforma, que abarcan desde la definición de quiénes pueden adherir al régimen hasta los plazos y condiciones bajo los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá cuestionar las declaraciones presentadas. El funcionario detalló cada uno de estos puntos, que en conjunto redefinen el funcionamiento del esquema respecto de su versión original.

Ampliación del universo de contribuyentes

Uno de los cambios centrales del proyecto es la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que hasta ahora condicionaban el acceso al régimen. Con esta modificación, el esquema queda abierto a la totalidad de las personas humanas y las sucesiones indivisas, sin las restricciones cuantitativas que regían anteriormente y que dejaban afuera a un segmento importante de contribuyentes.

En paralelo, Caputo explicó que se incorpora un tratamiento específico para los grandes contribuyentes registrados ante ARCA. Este segmento podrá optar por una modalidad simplificada, mediante la cual el organismo recaudador pre-liquida el impuesto correspondiente y el contribuyente simplemente efectúa el pago.

Sin embargo, el Gobierno precisó que quienes elijan esta vía no accederán a las presunciones a favor del contribuyente ni al efecto liberatorio, ni tampoco al resto de los beneficios centrales previstos por la ley para el resto de los adherentes. De esta manera, el proyecto distingue dos niveles de participación en el régimen: uno de carácter general, con todos los resguardos previstos por la norma, y otro más acotado, pensado para los contribuyentes de mayor envergadura fiscal.

Redefinición del concepto de discrepancia significativa

Otro cambio que tendrá el Régimen de Inocencia Fiscal es la modificación del artículo 40 de la ley, que regula qué se entiende por una discrepancia significativa entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por ARCA. Según explicó Caputo, se mantiene como criterio general que existirá discrepancia significativa cuando el organismo detecte un incremento en el impuesto determinado, o bien una reducción de los quebrantos impositivos, de al menos un 15 por ciento. El ministro señaló que esta definición porcentual representa una mejora técnica respecto de la redacción anterior, al fijar un parámetro más preciso para evaluar cuándo corresponde activar un cuestionamiento.