El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un nuevo paquete de proyectos para desregular diferentes sectores de la economía. Aunque en la Casa Rosada afirman que el paquete es más extenso, hay tres ejes que apuntan a cambiar reglas de funcionamiento en áreas sensibles: una reforma integral del Código Aduanero, una reconfiguración del mercado inmobiliario y un proyecto para modificar el régimen de cabotaje en el transporte por agua entre puertos argentinos.

Los borradores de la reforma del Código Aduanero y la desregulación del mercado inmobiliario se trabajan en el ámbito del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con participación del ministro Federico Sturzenegger. En el caso del cabotaje, la iniciativa se enmarca en una agenda que también involucra al Ministerio de Economía.

En el plano inmobiliario, el foco del proyecto está puesto en redefinir el corretaje: la intención es que deje de considerarse una “profesión liberal” y pase a encuadrarse como un servicio de intermediación comercial. Apunta a modificar el esquema de funcionamiento de los colegios, a habilitar la operación sin restricciones geográficas entre jurisdicciones y a eliminar la obligatoriedad de matrícula en un colegio profesional.

En paralelo, la reforma del Código Aduanero buscaría introducir cambios de fondo en la operatoria del comercio exterior. Entre los objetivos mencionados aparecen la reducción de trámites y burocracia para agilizar el ingreso y egreso de mercaderías, la modificación de controles y dotación de personal, y una revisión de la figura y las penalidades vinculadas al contrabando.

El nuevo paquete desregulación incluye además una reforma de la Ley de cabotaje, que regula el transporte comercial de cargas entre puertos argentinos. La propuesta apunta a ampliar la competencia para reducir costos logísticos y a permitir que buques con bandera y tripulación extranjeras puedan operar servicios de navegación marítima y fluvial dentro del país; además, contempla cambios en el régimen de los prácticos, los profesionales que asisten a los capitanes en maniobras de ingreso y salida de puertos.

El eventual giro hacia un esquema más abierto anticipa un debate con navieras, sindicatos y otros actores vinculados a la marina mercante, por el impacto laboral, registral e impositivo que podría traer un régimen con mayor presencia de embarcaciones extranjeras.

Según pudo saber Infobae, algunos de los borradores que comenzaron a circular esta semana contenían un pedido al Congreso de nuevas facultades delegadas en el marco de una emergencia administrativa. Esta herramienta legal permitiría avanzar con otras desregulaciones de forma más expedita y por decreto. Sin embargo, ante la consulta de este medio altas fuentes gubernamentales desmintieron categóricamente esta posibilidad.

Desde el Ministerio de Desregulación no adelantaron cuándo prevé enviar el nuevo paquete legislativo al Congreso y solo confirmaron que los textos “están en revisión” e insistieron en que las reformas apuntan a “fomentar la competencia” en esos sectores.

El oficialismo ya tiene varias iniciativas que apuntan al mismo objetivo en trámite en el Congreso pero se ha encontrado dificultades para avanzar. La semana pasada la sesión en la que comenzó a tratarse el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo que pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados, que se negaron a votar la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros apenas un día después de la victoria contra Inglaterra y con las reivindicaciones nacionalistas en el centro del debate público por la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección.

La propia vicepresidenta Victoria Villarruel avivó la polémica al señalar en un chat privado con Patricia Bullrich -luego se hizo público- que esa ley implicaba “vender el país”. También acusó al oficialismo de no darle importancia a la “integridad territorial”