En el marco de la causa por lavado de activos, José Luis Espert se presentó a indagatoria ante el Juzgado Federal 2 de San Isidro, entregó un escrito donde rechaza haber cometido delito, acompañó con documentación que consideró probatoria y no respondió preguntas.

La investigación está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que el imputado recibió en 2020 en una cuenta no declarada a su nombre, del Banco Morgan Stanley en Estados Unidos. La revelación del caso le costó la candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Según argumentó en el texto que entregó al juez Lino Mirabelli, existen dos expedientes que analizan los mismos hechos, lo que podría generar doble juzgamiento.

Asimismo, se quejó porque la investigación avanzó “más allá de su objeto, incluyó años de comunicaciones y revisó el patrimonio de personas ajenas sin justificación”.

La otra causa mencionada por Espert tramita en Comodoro Py, bajo la dirección del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Se trata de un expediente iniciado en 2021 por el uso de un avión privado de Fred Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.

La defensa reservó su declaración “para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”, y solicitó al magistrado que reasuma la dirección de la investigación, que hasta ahora está delegada en el fiscal Fernando Domínguez. A la vez, se quejó de supuestas filtraciones de las actuaciones y trato desigual.

Espert llegó a la sede del tribunal 40 minutos antes del horario de la convocatoria, acompañado por sus abogados. Abrigado con un sobretodo negro, ingresó al edificio advirtiendo lo mismo que comentó a la salida, que solo iba a declarar ante el juez.

El descargo

Junto con el descargo, José Luis Espert aportó a la justicia once correos electrónicos emitidos entre mayo y septiembre de 2019, que de acuerdo a lo que informaron sus abogados “documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago”.

Aseguraron que “su autenticidad e integridad están garantizadas por una extracción pericial informática forense, certificación notarial y verificación técnica de cada pieza, con copia de resguardo bajo custodia notarial”. La defensa enfatizó que “no son dichos: son documentos de la época, técnicamente inalterables y verificables por cualquiera”.

Por otro lado, ofreció como testigos a los propios interlocutores de esa correspondencia, para que declaren ante el juez, y solicitó informes a los organismos públicos que podrían acreditar que “no existía señal objetiva alguna que permitiera dudar de la licitud de la operación”.