Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente será investigado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, en una causa por malversación de fondos en derredor del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades tales como la entrega de un préstamo de 40.000 millones de pesos.

La diputada nacional Marcela Pagano había denunciado a Adorni a partir de su rol como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), cargo que ocupó dentro del Ministerio de Defensa.

La legisladora le atribuyó responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación de aquel préstamo millonario que el IAF le otorgó a la obra social de las fuerzas armadas, que atravesó una severa crisis financiera que derivó en su posterior disolución. La acusación también se extendió al exministro de Defensa, Luis Petri.

Ese expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mángano, que advirtió que existía una causa previa en la que se analizaban hechos análogos.

En ese proceso que ya estaba en marcha en el Juzgado Federal N° 9 -que subroga el juez Ramos- se investigan diversas anomalías en el IOSFA, tales como la compra directa de armamento y medicamentos por 25.000 millones de pesos cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis financiera de la obra social y también la solicitud del préstamo de 40.000 millones de pesos al IAF.

Por este motivo, el juez Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para enviarle el caso al juez Ramos y así acumular ambas investigaciones por conexidad, al entender que compartían los mismos hechos y protagonistas.

Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó la competencia, con el aval del fiscal González. El juez Ramos argumentó que existía una diferencia temporal importante, dado que el crédito original se gestionó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni se incorporó al IAF recién en junio de ese año.

Ramos sostuvo que el funcionamiento interno del IAF excedía el objeto procesal de la primera causa y consideró prematura la unión de los expedientes porque aún no se habían realizado medidas de prueba ni la ratificación de la denuncia. Ante esta negativa, Rafecas trabó una contienda de competencia que finalmente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones.