Mientras el Gobierno apura gestiones para que los buques de GNL lleguen a tiempo, la Cámara Argentina de Gas Licuado de Petróleo (CEGLA) recomendó a la Unión Industrial Argentina (UIA) un plan de contingencia energética.
La incertidumbre por el abastecimiento de gas natural para este invierno ya llegó a las máximas cúpulas industriales de Argentina. Mientras el Gobierno apura gestiones para que los buques de GNL lleguen a tiempo, la Cámara Argentina de Gas Licuado de Petróleo (CEGLA) recomendó a la Unión Industrial Argentina (UIA) un plan de contingencia energética que apunta a reemplazar el suministro tradicional por insumos alternativos ante posibles cortes o subas de costos.
La propuesta, impulsada por el presidente de CEGLA, Pedro Cascales, se basa en la adopción de sistemas de respaldo con propano-aire y quemadores duales. Cascales sostuvo en un comunicado que “en Argentina existe excedente de GLP, lo que permite soberanía energética”, y destacó que estos sistemas permiten a la industria mantener la producción sin depender exclusivamente del gas natural de red.
En tanto, según fuentes de la industria consultadas por Infobae, la preocupación central es el tiempo. La reciente licitación desierta para privatizar la importación de GNL encendió alarmas por posibles demoras justo cuando el termómetro empieza a bajar. Además, el costo del fluido se duplicó respecto del año anterior por el impacto del conflicto en Medio Oriente, un factor externo que escapa al control local y afecta a todos los países importadores.
Frente a la demora de buques y el encarecimiento del GNL, una cámara privada propuso reemplazar el suministro de red por insumos alternativos. El sector exige que el Estado absorba los sobrecostos internacionales para evitar un mayor impacto productivo.
Frente a este escenario, fuentes con conocimiento de las transacciones indicaron a este medio que la industria solicitó al Gobierno que absorba el diferencial de precios causado por la guerra. El planteo consiste en que las empresas paguen un valor de mercado estandarizado, mientras que el sector público cubra el sobrecosto vinculado a factores externos. El objetivo de la propuesta es evitar que el encarecimiento energético se traslade a los precios finales de los productos, en un contexto marcado por la caída de la demanda interna y de la utilización de la capacidad instalada. Hasta el momento, no hubo respuesta por parte del Ejecutivo en esta materia.
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