A pesar de las nuevas revelaciones en el marco de la causa $LIBRA que ahora salpican a más integrantes del Gabinete, y la apertuna de denuncias paralelas por las filtraciones, en el Gobierno aseguran que se van a mantener firmes con la decisión de no involucrarse en la investigación y niegan que vayan a tomar alguna medida al respecto, mientras avanzan los pedidos de informes por parte de la oposición en el Congreso.

En los últimos días, el tema volvió al ojo público luego de que se conociera un presunto contrato en el que se insinuaba que el presidente Javier Milei iba a recibir unos cinco millones de dólares, en tres pagos, por la difusión de la criptomoneda.

Posteriormente, también se publicó un supuesto intercambio entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el lobista Mauricio Novelli, uno de los imputados de este caso.

También circularon en las redes sociales conversaciones similares, en las que incluso aparecía el propio jefe de Estado, pero que se comprobaron que eran falsas.

De todas formas, estas filtraciones sí molestaron a las autoridades de la Casa Rosada que, tal como anticipó este medio, reclamaban que la Procuración General de la Nación tomara cartas en el asunto como efectivamente sucedió.

El organismo, que encabeza Eduardo Casal y que depende del Poder Judicial, abrió una investigación interna para saber qué fue lo que ocurrió y encontrar a los responsables de que todos estos datos del expediente hayan salido a la luz.

Por su parte, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró en declaraciones periodísticas que ningún integrante del Gobierno solicitó formalmente esta medida.

“Un dato no menor: la denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el Presidente, ni ningún ministro, la hizo el procurador general, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la ‘DATIP’ (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)”, señaló.