A casi diez meses de haber dejado la intendencia, lo que siempre se dijo que podía suceder finalmente pasará: Guillermo Montenegro volverá en los próximos días a asumir como jefe comunal. Completará así su segundo mandato, que había interrumpido en diciembre del año pasado para sentarse en una banca del Senado bonaerense.

La decisión se conoció en las últimas horas, pero era un rumor permanente. Ya la opción de pedirse licencia y no renunciar a la intendencia había dejado la puerta del regreso abierta. Y había asignado a su reemplazante, Agustín Neme, el rol de interino.

Montenegro recaló en el Senado provincial después de haber sido elegido legislador en las elecciones de septiembre del año pasado. Entonces estaba la versión de que podía convertirse en ministro de Justicia de la Nación. Cuando el presidente Javier Milei eligió para ese cargo a Juan Bautista Mahiques quedó claro que el intendente en uso de licencia había perdido la pulseada y su regreso podía estar más cerca.

Aunque conversaba con Neme, tenía ascendencia sobre varios secretarios y el bloque de concejales del PRO le seguía respondiendo a él, públicamente Montenegro hizo pocas alusiones públicas a la ciudad durante su ausencia. Su último posteo en X, la red social que solía utilizar para machacar con la lucha de su gestión contra los “trapitos”, data del 28 de junio: una felicitación para Diego Santilli, designado ese día jefe de Gabinete.

El 19 de ese mismo mes hizo mención a la controversia judicial de Punta Mogotes, que en los últimos días se inclinó en favor de la Provincia: aunque el Municipio pretendía que el gobierno de Axel Kicillof no tomara ninguna decisión, la Administración de Punta Mogotes prorrogó los contratos de los balnearios con el voto en contra del representante municipal.

También en junio se había mostrado en una conferencia de prensa junto al secretario de Seguridad nacional, Martín Ferlauto, y el fiscal federal, Daniel Adler, en la que dieron detalles sobre la desarticulación de una banda narco.

En ese sentido, en abril presentó en el Senado un proyecto para adecuar el régimen juvenil bonaerense a la Ley Nacional 27.801, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y el mes pasado denunció a la jueza Marta Pascual, que había suspendido por 60 días la aplicación de la normativa en la provincia.