El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich, brindó explicaciones sobre la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio y los motivos que llevaron al organismo a sancionarla en el marco de un sumario administrativo que también involucró a otros dos agentes.

En una entrevista con el portal AgroSitio, Bronzovich se refirió al proyecto internacional SPRINT, vinculado con la investigación sobre la exposición a productos fitosanitarios y la presencia de residuos en personas y alimentos. Durante la conversación, detalló una serie de irregularidades que, según sostuvo, fueron consideradas por las autoridades del INTA para adoptar la decisión de exonerar a Aparicio.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la metodología prevista originalmente para el estudio. Bronzovich afirmó que el proyecto establecía que el análisis de sangre debía realizarse en Argentina, pero que esa metodología habría sido modificada sin respetar los procedimientos establecidos.

También señaló que se habrían desviado fondos para llevar adelante esas modificaciones y cuestionó cambios en el comité de ética de la investigación.

Otro de los puntos mencionados fue la incorporación de la pareja conviviente de la investigadora al proyecto, sin que, según explicó, se hubiera informado previamente al organismo. Asimismo, hizo referencia a la contratación de una persona del sector privado para realizar extracciones de sangre y a la participación de otro agente del INTA en esas tareas.

Las muestras y la documentación del proyecto

Bronzovich también puso el foco en la cantidad de muestras obtenidas y en la información que debía remitirse al organismo.

Según detalló, el proyecto contemplaba la toma de 72 muestras, pero finalmente se registraron 73. Esa diferencia, afirmó, quedó documentada en el expediente administrativo.

Además, sostuvo que Aparicio no habría enviado al INTA la totalidad de la información correspondiente al proyecto, pese a tener responsabilidades dentro de la investigación.

“Se consideran faltas graves toda esa acumulación y algunas son más motivo de exoneración que otras”, expresó el titular del organismo al explicar los fundamentos de la decisión.

El presidente del INTA aclaró que sus declaraciones no pretendían constituir una interpretación jurídica del caso. “Perdón si no soy específico, que la Justicia no me tome de referencia porque soy un agrónomo hablando de una cuestión jurídico-administrativa técnica”, manifestó.

En ese sentido, recomendó consultar el sumario administrativo, al que describió como un expediente de gran extensión que demandó tres años de investigación.

Finalmente, Bronzovich indicó que el Consejo Directivo del INTA evaluó los antecedentes y entendió que correspondía aplicar la sanción de exoneración.