El sistema de fotomultas que funciona en distintos puntos de Balcarce quedó bajo la lupa a partir de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por el concejal de La Libertad Avanza Enrique Guillén, quien solicitó al Departamento Ejecutivo información detallada sobre el funcionamiento del mecanismo de constatación y emisión de infracciones.

La iniciativa apunta a conocer si los dispositivos utilizados en el Partido se encuentran debidamente homologados, habilitados y emplazados en lugares autorizados, además de determinar quién interviene en el proceso que comienza con la detección de una presunta infracción y termina con la notificación de la multa al vecino.

El planteo surgió a partir de la reiterada recepción de infracciones de tránsito constatadas mediante dispositivos electrónicos. En ese contexto, Guillén sostiene que, antes de exigir el pago de una multa, el Estado debe poder acreditar que todo el procedimiento utilizado para imponerla se encuentra ajustado a las normas vigentes.

Qué pide informar sobre los dispositivos

El proyecto solicita al Municipio que remita al Concejo Deliberante copia íntegra y actualizada de los convenios, contratos, licitaciones, prórrogas, adendas y demás instrumentos vinculados con el sistema de fotomultas, incluyendo los acuerdos celebrados con la Provincia de Buenos Aires y con la empresa proveedora.

Además, reclama un detalle de todos los dispositivos de constatación automática o semiautomática que actualmente se encuentran instalados o son utilizados en el distrito.

Por cada equipo, el Ejecutivo debería informar su ubicación, marca, modelo, número de serie, tipo de infracción que constata y fecha de puesta en funcionamiento, además del acto administrativo mediante el cual se autorizó su emplazamiento y utilización.

También se solicita que se incorporen las correspondientes constancias de homologación, verificación o certificación vigente.

¿Quién valida una multa antes de que llegue al vecino?

Uno de los aspectos centrales del pedido de informes está relacionado con el procedimiento que se aplica después de que una cámara o dispositivo detecta una presunta infracción.

Guillén quiere saber si existe una revisión y validación humana previa a la emisión del acta, quiénes son los funcionarios municipales y provinciales habilitados para realizar esa tarea y qué sistema de trazabilidad permite identificar quién validó cada infracción y en qué fecha.

El proyecto también plantea interrogantes sobre la incorporación de las firmas de las autoridades de constatación municipales y provinciales en las actas que posteriormente reciben los vecinos.

El interrogante por las firmas del exdirector de Tránsito

Dentro del pedido de información aparece además una situación puntual que, según Guillén, requiere una explicación por parte del Ejecutivo: la recepción de actas que continuarían llegando con la firma de quien fuera director de Tránsito y Nocturnidad del Municipio, pese a haber dejado el cargo.

A partir de esa situación, el concejal solicita que se informe la fecha efectiva de cese del exfuncionario y si, con posterioridad, fueron emitidas, validadas o notificadas actas en las que continuara figurando su nombre, identificación o firma como autoridad de constatación.

En caso de existir esas actas, el proyecto pide individualizarlas y explicar cuál fue el procedimiento utilizado para incorporar esa firma.

El objetivo, según se desprende de la iniciativa, es establecer con precisión quién valida cada infracción, cuándo lo hace y bajo qué autoridad se incorpora la firma que finalmente aparece en el acta.

Cuánto dinero genera el sistema y cómo se reparte

Otro de los puntos que Guillén pretende transparentar es el aspecto económico del sistema.

Para ello, solicita que el Municipio informe la cantidad total de actas emitidas desde la implementación de las fotomultas, discriminadas por año, indicando cuántas fueron abonadas, recurridas o anuladas.

También pide conocer cuánto dinero ingresó efectivamente a las arcas municipales y cuál es el régimen de distribución de esos recursos entre el Municipio, la Provincia, la empresa proveedora y/o terceros.

A esto se suma un pedido de información sobre las medidas de señalización, información y concientización implementadas en cada uno de los puntos de control actualmente operativos.

“Controlar el tránsito sí; cobrar sin transparencia, no”

Desde La Libertad Avanza remarcaron que el proyecto no cuestiona la necesidad de controlar el tránsito ni de sancionar las infracciones que efectivamente se cometen.

El planteo apunta, en cambio, a que el Estado pueda demostrar que el procedimiento utilizado para imponer una multa cumple con todos los requisitos legales.

“Si un vecino cometió una infracción y el procedimiento fue realizado correctamente, deberá hacerse responsable. Pero antes de cobrarle, el Municipio tiene que poder demostrar que el equipo estaba autorizado y homologado, que la infracción fue correctamente validada y que quien aparece firmando el acta tenía competencia para hacerlo”, sostuvo Guillén.

Y agregó: “Queremos algo muy sencillo: saber quién multa, quién valida, quién firma y a dónde va el dinero. Si todo está en regla, el Municipio no debería tener ningún inconveniente en brindar toda esta información”.